MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, instó este martes a la Comunidad de Madrid a que no repercuta el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inquilinos del Plan Vive en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo.
“La segunda entrega de viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en la ciudad demuestra que no solo se ha desarrollado de forma caótica y cuenta con condiciones abusivas, sino que no ha cumplido con las expectativas tanto de los inquilinos como del Ayuntamiento”, señaló Testa tras mantener una reunión con los adjudicatarios de la segunda fase de este plan.
En este sentido, comentó que, “tras una primera fase caracterizada por contar con algunas deficiencias, hemos comprobado que, lejos de corregir algunos errores detectados en la primera fase, la Comunidad de Madrid los reitera”.
Testa se refería así a problemas relacionados con los suministros, los acabados de las viviendas como el suelo de varias viviendas que ha sido necesario reparar, el estado de los patios o plazas de garaje muy pequeñas que, no obstante, impiden el acceso a los trasteros de otros vecinos, entre otros.
La alcaldesa reiteró que “es ilógico que los inquilinos tengan que pagar un IBI de viviendas que no son ni serán nunca suyas”, tras lo que explicó que “tal y como explicamos a los vecinos, en la última sesión plenaria aprobamos una resolución para instar a la Comunidad de Madrid a incrementar la seguridad y garantías para la ciudadanía en estos arrendamientos de vivienda protegida”.
En esta propuesta, se hace especial hincapié en la no repercusión del IBI a los arrendatarios, ya que según la sentencia 1391/2023, de 6 de noviembre de 2023, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo “ha dejado clara su doctrina sobre la repercusión al arrendatario del IBI, y donde inadmite la cláusula incluida en un contrato de arrendamiento, sobre la repercusión de este tributo municipal al arrendatario de vivienda protegida”.
La alcaldesa recordó además que este impuesto “está bonificado al 50% durante un periodo de tres años desde la calificación definitiva, aspecto no contemplado por los concesionarios en la repercusión de los gastos a los inquilinos del Plan Vive”, por lo que “la Comunidad de Madrid debería devolver a todos ellos la parte proporcional de la cantidad que cobran, por encima de lo estipulado al estar bonificado”.
De este modo, a través de esta propuesta se solicitó a la Comunidad de Madrid, para que, respetando la doctrina del Tribunal Supremo, proceda a modificar las condiciones establecidas en las concesiones demaniales otorgadas en el marco del Plan Vive, “al no ser aplicable la repercusión del IBI a los arrendatarios de vivienda protegida, ya que obliga a los mismos a soportar un gasto indebido que debe ser asumido por la sociedad concesionaria”.
Además, solicitó a la Comunidad de Madrid que ordene a sus concesionarios del Plan Vive que procedan a paralizar la repercusión del IBI a los arrendatarios e igualmente procedan a la devolución, en su caso, de lo indebidamente percibido por este concepto hasta el momento, “ya que dicho impuesto aún no ha sido girado por este Ayuntamiento”.
Por último, defendió que el Ayuntamiento de Alcorcón “permanecerá siempre del lado de los adjudicatarios para defender sus derechos” y para exigir a la Comunidad de Madrid que solucione todos los problemas existentes, por lo que “hemos puesto a su disposición dos direcciones de correo con el fin de que todos ellos nos trasladen información, dudas o temas de interés en este ámbito”.
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