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Bajan las reclamaciones a la Junta por acceso a la información del 51% al 21% del total

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El Consejo ha rechazado una proposición de ley del PP-A relativa a las personas hemofílicas que contrajeron la hepatitis C


El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha presentado el Informe Anual de Actuación de 2017 del Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Este balance señala un cambio significativo respecto al año anterior, ya que las entidades locales pasaron a ser las que registraron un mayor número de reclamaciones de derecho de acceso a la información pública (el 74,1% del total; 367), frente al 21,6% de la Junta de Andalucía (107). En 2016, estas cifras fueron del 42% el 51%, respectivamente.

Jiménez Barrios ha subrayado que el informe refleja la consolidación del Consejo en 2017, tanto por su volumen de actividad como por hitos como la aprobación de su Relación de Puestos de Trabajo, con 27 personas de alto perfil profesional, o el aumento del 31% en el presupuesto hasta alcanzar los 6 millones de euros. Asimismo, se constituyó la Comisión Consultiva, órgano independiente de asesoramiento y consulta que celebró dos sesiones ordinarias en julio y octubre, además de una extraordinaria en noviembre.

De los 767 asuntos tramitados por el organismo independiente el pasado año, 495 fueron reclamaciones de derecho de acceso a la información pública y 272 denuncias sobre publicidad activa. La cifra total duplicó con creces la de 2016, año en el que se inscribieron 300 asuntos. En los dos ámbitos, el Consejo emitió 198 resoluciones, frente a las 154 del ejercicio anterior.

Las reclamaciones de derecho de acceso fueron presentadas en un 80% por personas físicas (de ellas, el 83% por hombres y el 17% por mujeres) y en un 20% por personas jurídicas (46% asociaciones y 34% organizaciones sindicales).

Por su parte, las 272 denuncias sobre publicidad activa en 2017 cuadruplicaron la cifra del año anterior (67). El 92% recayó sobre las entidades locales, frente al 45% del pasado ejercicio, y el 7% en la Junta (52% en 2016).

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos, autoridad independiente de control sobre estas materias en la comunidad autónoma, se creó por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Sus funciones se centran en velar por el cumplimiento de la normativa, tanto de publicidad activa como de defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública, y en garantizar la protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Rechazada una proposición de ley relativa a las personas hemofílicas que contrajeron hepatitis C

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a una proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz, para el establecimiento de ayudas sociales a las personas con hemofilia que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el sistema sanitario público de Andalucía.

Aunque el contenido y la finalidad de esta propuesta coinciden con el trabajo que actualmente desarrolla la Junta para hacer efectivas las ayudas, el Ejecutivo considera más oportuno optar por su inclusión en el anteproyecto de la ley del Presupuesto de la Comunidad para 2019.

Imagen de bolsas de sangre.

La Consejería de Salud inició en octubre del pasado año la elaboración de una orden para regular la prestación, que también incluirá los supuestos de otras coagulopatías congénitas y podrá beneficiar a unas 270 personas afectadas en Andalucía. No obstante, durante su tramitación, tanto la asesoría jurídica de este departamento como la Intervención General de la Junta indicaron que la medida debería articularse a través de una ley específica o de su inclusión en una disposición adicional de los presupuestos autonómicos. El Gobierno andaluz ha elegido esta segunda vía por ser la más ágil.

El virus de la hepatitis C (VHC) fue identificado y descrito a mediados de 1989, aunque hasta el año siguiente no se dispuso de los medios técnicos adecuados para prevenir su transmisión a través de la sangre y productos hemoderivados. Durante ese tiempo, numerosas personas afectadas por hemofilia y otras coagulopatías congénitas contrajeron la enfermedad como consecuencia de los tratamientos periódicos que debían recibir.


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