MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
Cerca de 200 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y del medioambiente (activistas, ecologistas, abogados, periodistas…) son asesinadas cada año en Colombia, según un informe publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI).
Con el título ‘Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia’, la investigación detalla casos de ataques y amenazas a personas comprometidas con causas sociales en cuatro regiones del país, y recoge numerosas denuncias, datos oficiales y estimaciones para describir la situación general.
Según el Programa Somos Defensores, 199 líderes de distintas causas sociales fueron asesinados en 2020; 139 en 2021, y 197 en 2022. A septiembre de 2023, Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) ya había documentado el asesinato de 127 dirigentes de movimientos sociales y defensoras de derechos humanos, una cifra provisional pero alarmante.
Además de los casos particulares, el informe presenta un análisis general de la situación de protección colectiva de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente en Colombia.
Por su parte, Amnistía Internacional analizó los últimos dos años de gobierno del Presidente Iván Duque y el primero del Presidente Gustavo Petro.
Durante el período final de Duque, el Gobierno insistió en la adopción de «medidas contraproducentes», como establecer mecanismos paralelos a través del Plan de Acción Oportuna. Además, se resistió al cumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo de paz de 2016, como garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Gustavo Petro inició su mandato con la intención declarada de cambiar la situación y prometió la adopción de un plan de emergencia para la protección de las personas defensoras y el inicio de gestiones para llegar a soluciones a mediano y largo plazo.
A pesar de ese cambio de rumbo, Amnistía Internacional pudo verificar que la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos continuó durante su mandato, en términos de cifras generales y con la ocurrencia de algunos de los casos documentados en el informe.
Por todo ello, Amnistía instó a las autoridades colombianas a adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo en que están inmersas los activistas y sus comunidades, especialmente en los casos de aquellas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
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