SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presidido el encuentro mantenido este miércoles entre la delegada de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, María del Mar Rull, y la jefa de servicio de Formación para el Empleo, Fátima Martínez, con alcaldes y técnicos de los 106 ayuntamientos sevillanos, a quienes habían convocado para informar sobre la nueva orden de subvenciones, dotada con 60 millones de euros, que está dirigida a las entidades locales para que puedan poner en marcha en sus municipios Formación Profesional (FP) para el empleo.
Según ha indicado la Junta en un comunicado, Sánchez les ha explicado que, desde que se tuvo conocimiento de esta convocatoria «muy próxima» a ponerse en marchan –ya que el último consejo de gobierno aprobó la transferencia de dinero para este cometido– «se tuvo clara la necesidad de reunirse con los principales activistas poder concretar con vosotros las características de la misma, requisitos y abordar las dudas y cuestiones que se tengan al respecto».
Así, «se pretende facilitar en la medida de lo posible la participación del mayor número de ayuntamientos de la provincia en esta convocatoria, ya que es por concurrencia competitiva», ha agregado.
El responsable territorial ha destacado que esta convocatoria surge de escuchar las demandas de los propios ayuntamientos, «que han demandado y ofrecido su colaboración para la ejecución de políticas activas de empleo, especialmente en materia de formación en muchas ocasiones y, de este modo, los fondos distribuidos por la conferencia sectorial tendrán la mayor ejecución posible, y se conseguirá que lleguen al mayor número de desempleados en esta situación postpandemia».
Tanto el delegado del gobierno andaluz, como la delegada de Empleo, han incidido en una de las principales características de esta nueva orden de subvenciones, como es la financiación hasta el cien por cien de la programación presentada por las entidades locales beneficiarias, en un pago único y por adelantado, «sin necesidad de comprometer el resto de los recursos municipales, que no se vean obligados a adelantar con fondos propios el importe necesario para llevarlas a cabo», ha enfatizado Ricardo Sánchez.
«Esta es la línea en la que se viene trabajando con los ayuntamientos porque el gobierno es conocedor de sus dificultades económicas y se busca facilitar su puesta en marcha y desarrollo sin que suponga hipotecar partidas destinadas a otras necesidades», ha añadido.
Así mismo, Sánchez ha dejado claro que las acciones podrán englobar todas las especialidades incluidas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas, lo que quiere decir que «el catálogo está completamente abierto con el fin de facilitar la puesta en marcha de acciones que se crean más oportunas y necesarias, es decir las que vosotros creáis que se adapten mejor a vuestros territorios», ha incidido el delegado.
Además, ha insistido en que se persigue «la inserción y recualificación laboral de las personas desempleadas de la provincia, combatiendo las altas tasas de desempleo que tenemos en la actualidad».
CONVOCATORIA FP PARA EL EMPLEO
En dicha convocatoria podrán participar las entidades locales previstas en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FP para el Empleo de Andalucía o, en su caso, en el Registro Estatal de Entidades de Formación para las especialidades formativas solicitadas.
Los colectivos a los que va dirigida son personas trabajadoras desempleadas de larga duración que requieran de recualificación profesional, mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad, así como desempleados con dificultades para su integración en el mercado de trabajo (perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital, desempleados mayores de 45 años, o con déficit de formación, con discapacidad, o personas inmigrantes en situación de desempleo).
La Junta ha concluido que el control de las obligaciones de justificación del importe total de la ayuda concedida se verá reforzado con la labor de los funcionarios del cuerpo de habilitación nacional, los interventores y secretarios interventores de los ayuntamientos, lo que dotará de mayores garantías el procedimiento de justificación.
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