SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
PP-A y Ciudadanos (Cs) pedirán en el Parlamento andaluz la creación de un grupo de trabajo que debata el «alcance» de las auditorías del sector público instrumental de la Junta que suponen un «punto y final del mal uso y abuso, y de las malas prácticas, que han llevado a Andalucía a no poder hacer las cosas» como se debía durante años de gobiernos socialistas.
Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que su departamento ha presentado el informe relativo a las 54 auditorías del sector público instrumental realizadas con el objetivo de «racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios» en la Junta, cuyo resultado completo se extiende a lo largo de «6.000 folios que en los próximos días estarán colgados en el Portal de Transparencia» de la administración andaluza, según ha avanzado.
El también coordinador autonómico de Cs en Andalucía ha subrayado que el actual Gobierno de PP-A y Cs no solo toma «conocimiento» del resultado de estas auditorías, sino que además quiere que «este tema se debata en un grupo de trabajo en el Parlamento», para lo que cual ambos grupos que sustentan el Ejecutivo andaluz van a «proponer una comisión de trabajo» en la Cámara legislativa «para evaluar el alcance» de dichos informes.
Marín ha indicado que, con eso, y «siendo conocedores de que lo importante es el resultado final», más allá del tiempo que se necesite para eso, espera y desea «que los andaluces tengan los servicios públicos que se merecen».
El vicepresidente y líder andaluz de Cs ha comentado que estas auditorías «ponen de manifiesto que teníamos razón, que las sospechas que teníamos todos los andaluces de que había un sector instrumental desproporcionado, poco operativo, lleno de duplicidades y de gastos innecesarios era una realidad, ahora tenemos la constatación y el estudio de detalles para poder tomar medidas concretas a partir de este momento».
«ENTRAMADO URDIDO» POR GOBIERNOS SOCIALISTAS
En esa línea, el consejero de Regeneración ha sostenido que estas auditorías «abren un nuevo camino en la administración pública» y constituyen «un punto y final en lo que ha sido un entramado urdido durante 37 años de gobiernos socialistas en los que se creó una maraña burocrática para dar cobijo a una amplia red clientelar».
El vicepresidente andaluz ha puesto de relieve que «ahora mismo hay 22 letrados de la Junta exclusivamente defendiendo los intereses» de la Administración autonómica «en los tribunales de justicia» en relación a presuntos asuntos de corrupción, lo que da idea de la «dimensión de esos temas en las últimas décadas», según ha abundado.
Juan Marín ha avisado de que, si de los informes de las auditorías «se derivan consecuencias administrativas, penales, o del tipo que sean, tendrán que asumirlas aquellos que tomaron decisiones», porque desde la Junta pondrán «en conocimiento de la autoridad competente todas las irregularidades» que se detecten «para que se tomen decisiones».
De igual modo, ha comentado que «ahora se inicia el trámite que ya se inició para derivar aquellas decisiones que tiene que tomar el Gobierno» andaluz, como «si hay que poner o no personal en la calle, si algunas entidades hay que incluirlas en las consejerías, si hay que disolver o extinguir algún ente».
Marín ha agregado que «hay entidades que desaparecerán, otras que se reforzarán; en algunas faltará personal que habrá que incorporarlo para dar un mejor servicio, y otras en las que sobrará personal y habrá que extinguirlo».
«No nos va a temblar el pulso porque veníamos a hacer estas cosas, a racionalizar» la administración autonómica, ha sentenciado el vicepresidente y consejero de Regeneración, que ha presumido de que «Andalucía ya no es hoy noticia por un caso de corrupción política».
Además, Juan Marín ha apuntado que cree que «no hay un solo gobierno de un país que haya hecho una auditoría de su gestión nunca», y ha querido dejar claro que «ya nadie va a volver a cobrar más o menos porque tenga un carné político, ni va a entrar en la Junta si no es con un procedimiento regulado por la ley».
Finalmente, el vicepresidente también ha puesto de relieve que «la Intervención de la Junta ha estado vigilante y acompañando este proceso de auditorías, para que a nadie le quepa duda de con qué grado de transparencia se ha llevado a cabo este proceso».
«COMPROMISO» CUMPLIDO
Por su parte, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP), ha detallado en la misma rueda de prensa el cronograma del proceso de realización de estas auditorías, y ha sostenido que su elaboración suponen un «ejemplo claro del compromiso» que adquirieron PP y Cs para gobernar la Junta, y PP y Vox para la investidura de Juanma Moreno.
Es un «reflejo de que lo que se promete por este Gobierno se cumple», ha añadido el consejero de Hacienda, que ha dedicado palabras de agradecimiento a la Intervención y a las empresas auditoras por su trabajo en este proceso.
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