CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía defiende la necesidad de aprobar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), con la que se pretende acabar con la «inseguridad jurídica» que sufren en primera persona numerosos ayuntamientos, siendo ejemplo de ello que la mitad de los consistorios cordobeses no tiene sus planes generales adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
De hecho, según han recordado desde la Administración autonómica, «pese a que la actual normativa lleva cerca de dos décadas en vigor, la mayoría de ayuntamientos todavía no tienen adaptados en su totalidad sus planes generales a la LOUA», y que ello ocurre con el 46,7 por ciento de los consistorios cordobeses, que, por tanto, «siguen inmersos en una maraña de leyes».
A ello se ha referido este jueves, precisamente, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, al responder a una pregunta formulada por el Grupo Popular en el Parlamento andaluz sobre planificación urbanística en Andalucía, donde ha puesto de manifiesto «el fracaso de la LOUA, una ley aprobada en el año 2002 que tenía como objetivo que todos los municipios andaluces contaran con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la Ley», lo cual no ha ocurrido en muchos casos.
Carazo ha explicado que esta situación ha sido provocada por «la maraña de leyes vinculadas al urbanismo y a la ordenación del territorio, que solo han servido para frenar las expectativas de desarrollo de los municipios».
«Todo ello –ha proseguido–, ha dado lugar a una importante conflictividad judicial, con una cascada de planes generales anulados por motivos formales o de fondo, y El Puerto de Santa María, Chiclana, Marbella, Jaén o Almería son solo algunos ejemplos» de ello, pues «casi 500 PGOU han sido anulados por los tribunales o se han visto afectados por los errores legislativos que en materia de medio ambiente se cometieron en la pasada legislatura, de tal forma que deben volver a iniciar su tramitación».
Ante esta situación, ha recalcado la necesidad y urgencia de aprobar cuanto antes la nueva ley, «que aglutina la norma de urbanismo y ordenación del territorio y simplifica la normativa para que aporte seguridad jurídica».
Al respecto, ha hecho hincapié en que «son muchos los alcaldes que han manifestado compartir los objetivos» del Gobierno andaluz de PP y Cs de «agilizar y reducir los plazos de tramitación para que los planes generales se aprueben en dos años y medio y no en diez años de media, como ocurre ahora».
Esa necesidad de agilizar trámites, según ha señalado, queda reflejado en el inicio de las casi 60 mesas de trabajo que se han constituido con los ayuntamientos andaluces para que los técnicos de la Junta de Andalucía asesoren y resuelvan dudas que puedan tener en la elaboración de las normas urbanísticas.
Estas mesas técnico-jurídicas se pusieron en marcha con el propósito de garantizar la buena praxis administrativa y, de paso, promover la colaboración entre administraciones desde el principio del proceso. En el caso de la provincia de Córdoba, hay dos ayuntamientos que se han acogido a estos grupos de trabajo: Belalcázar y Puente Genil.
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