MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
España, Alemania, Suecia y Suiza, países acompañantes en las negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la delegación del Gobierno de Colombia, han mostrado este martes su preocupación por la decisión del ELN de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos tras denunciar la «poca voluntad» de las autoridades en las negociaciones.
«(Los cuatro países) toman nota con gran preocupación del comunicado de la dirección nacional del ELN sobre la terminación de la suspensión llamadas por este grupo ‘retenciones económicas’, que según el Derecho Internacional Humanitario en tanto que detención ilegal o toma de rehenes constituyen una violación grave», reza un comunicado conjunto compartido por la Embajada española en Colombia en su cuenta de la red social X.
En ese sentido, han expresado que la protección de la población «no es negociable» y que no se puede vincular la suspensión de esta práctica con el incumplimiento de una parte del acuerdo como es la creación de un fondo multidonante para financiar el proceso de paz.
Estos países también han mostrado su esperanza de que ambas partes se pongan de acuerdo en el séptimo ciclo de negociaciones y de que finalmente salga adelante el mencionado fondo.
En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos, y la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.
En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.
A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.
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