MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nicaragua ha informado este jueves de que ha concedido asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, condenado a diez años y ocho meses de cárcel por blanqueo de capitales.
La diplomacia nicaragüense ha emitido un comunicado, recogido por la prensa panameña, en el que confirma que Martinelli ha pedido asilo «por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad».
Así las cosas, el régimen de Daniel Ortega ha destacado que, de acuerdo con los convenios internacionales al respecto y «reconociendo que el asilo es ua institución de carácter humanitario», ha aceptado la solicitud del expresidente panameño.
«El Gobierno de Nicaragua solicita al Gobierno de la República de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua», reza el escrito.
Por su parte, el secretario general del partido Realizando Metas y portavoz del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, ha destacado que ahora es turno de la diplomacia panameña «garantizar el salvoconducto para la salida de Martinelli».
Interrogado por el por qué de escoger Nicaragua como país para solicitar asilo, Camacho ha recordado que Martinelli «estudió unos años» en el país, que «no es desconocido» para el exdirigente y donde guarda «muchas amistades», recoge la cadena TVN.
El expresidente Martinelli fue condenado en julio a diez años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la compra de un grupo de medios de comunicación en el llamado caso ‘Business News’. El Supremo panameño ratificó la semana pasada la sentencia.
El que fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado también a pagar una multa de 19,2 millones de dólares –17 millones de euros– y vio frustadas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución.
Martinelli tiene otro juicio pendiente, previsto para el próximo mes de julio, por los supuestos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que afecta a numerosos líderes y dirigentes sudamericanos.
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