SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles el Decreto-ley 1/2024 que revisa el marco vigente sobre ayudas de la Junta y sus entidades instrumentales a empresas para propiciar su adaptación a a la legislación comunitaria.
El texto se ha aprobado con los votos a favor del PP-A, PSOE-A y Vox y ha contado con la abstención de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
La defensa de la iniciativa la ha asumido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.
«Responsabilidad y actuar lo antes posible», ha resumido Sanz como las premisas que han guiado la apuesta por la Junta por un decreto-ley de adaptación de las normas de concesión de ayudas a empresas a la normativa comunitaria, que ratificó tras la consulta al Gabinete Jurídico de la Junta.
El Decreto-ley, que se aprobó en el Consejo de Gobierno de 8 de enero, argumenta la necesidad de recurrir a este instrumento legal por «la finalización del periodo de adaptación» al Reglamento número 2023/1315 de la Unión Europea sobre el régimen de ayudas a empresas, que es de seis meses.
La nueva norma reforma cuatro decretos: el 114/2014, el 115/2014, el 185/2014 y 303/2015.
La entrada en vigor de ese Reglamento se produjo el 1 de julio de 2023, mientras que la Junta de Andalucía debe tener adaptada toda su normativa el 1 de enero de este 2024, por cuanto «la concesión de ayudas acogidas a los Decretos desde el año 2024 deba realizarse conforme a las nuevas condiciones introducidas por el Reglamento (UE) 2023/1315, lo que conlleva la necesidad de adaptación al mismo tanto de cada uno de los Decretos como de las normas dictadas en desarrollo de estos».
Los cambios que introduce este nuevo Reglamento comunitario son la posibilidad de conceder ayudas al sector de la construcción naval y al sector de las fibras sintéticas, excluidos hasta ahora, y la prohibición de conceder ayudas al sector del lignito y a la banda ancha.
También se introduce una nueva configuración de otros incentivos como el proyecto único de inversión a nivel de grupo, que queda limitado a los supuestos de inversión inicial relacionada con igual actividad o una actividad similar y no a cualquier inversión como ocurría en redacción anterior y se incrementa el importe máximo de ayuda para grandes proyectos de inversión.
La Junta argumenta que, de no producirse esa adaptación, «tras el 1 de enero de 2024 de conformidad con los Decretos podrían ser susceptibles de dejar de ser compatibles con el mercado interior y, en consecuencia, ser objeto de un probable procedimiento de investigación» por parte de la Unión Europea.
Además de este escenario dibuja otro según el cual, «dada la ausencia de adaptación de la normativa andaluza a fecha de 1 de enero de 2024, se interrumpiese la concesión de estas ayudas hasta la adaptación efectiva de los Decretos y de su norma de desarrollo a estas nuevas condiciones».
La Administración autonómica concluye que «cualquiera de estos dos escenarios produciría graves consecuencias en las políticas de fomento y en la promoción de la economía andaluza».
«Se trata, una vez más, de cumplir con Europa», ha proclamado el consejero de la Presidencia, al tiempo que pedía el apoyo de los grupos.
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