El Gobierno canario va a invitar a las islas a los portavoces de los grupos del Gongreso para ver «de primera mano» la realidad migratoria
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 (EUROPA PRESS)
Todos lo grupos del Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, han apoyado este miércoles la propuesta del Gobierno de Canarias de promover ante las Cortes Generales la elaboración de un Real Decreto Ley para que la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas sea obligatoria, tal y como también han acordado el Gobierno canario y el Ministerio de Juventud e Infancia.
A la salida de la reunión, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha destacado el tono «conciliador» de todos los grupos y el «amplio consenso», del que se ha desmarcado Vox, quien ha alertado de que la distribución obligatoria de menores favorecerá a las «mafias» y al «tráfico» de niños.
La consejera ha reivindicado la figura del real decreto ley porque su camino de tramitación «es mucho más corto» y Canarias cuenta ya con unos 5.500 menores no acompañados bajo tutela, a falta de cerrar las últimas llegadas de embarcaciones.
Ha apuntado que la inmigración es un «problema estructural» de ahí que se tengan que tomar medidas desde el Estado y la Unión Europea y también en los países de origen con cooperación al desarrollo con el fin de «potenciar» económicamente a esos países y establecer «vías regulares de acceso» a Europa.
La propuesta legislativa será aprobada próximamente en Consejo de Gobierno y se trasladará en forma de comunicación al Parlamento de Canarias para su debate y con el fin de que salga de la Cámara un texto de «consenso» con todos los grupos, ha señalado.
Además, ha avanzado que tanto desde el Gobierno como desde el Parlamento se va pedir a la Junta de Portavoces del Congreso que se desplace a Canarias para «conocer de primera mano» la situación migratoria en las islas.
ASG PIDE APARCAR LAS IDEOLOGÍAS
El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha indicado que la inmigración «es un problema que desborda» las previsiones de la comunidad autónoma pues «no es fácil» acoger a más de 5.600 menores extranjeros no acompañados en un total de 70 centros.
En esa línea ha comentado «es absolutamente reprochable» que además mueran 16 personas al día intentando llegar a las islas, por lo que ha reclamado «más atención» para África.
En cuanto a la modificación legislativa ha apuntado que «la acogida indudablemente tiene que ser en Canarias, pero la tutela que pase automáticamente a ser de la comunidad autónoma que reciba los migrantes llegados a Canarias».
Ha coincidido con el Ejecutivo en que «el camino más corto y el adecuado» es el del Real Decreto Ley porque modifica algunos artículos «de una forma simple», dado que retocar leyes orgánicas «sería mucho más complejo».
Curbelo ha apuntado que en el Parlamento de Canarias se tratará ahora de alcanzar «una posición común» porque este cambio legislativo requiere de «sensibilidad» y de afrontar este problema sin «colores políticos». «Algún día tenemos que aparcar las ideologías para resolver un problema que afecta y ahoga a Canarias», ha agregado.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha indicado que en El Hierro están «cansados» de ver como algo que «era inconstitucional» –en referencia a la ley de amnistía– «en meses se tramita una ley» y en un asunto en el que la mayoría de las fuerzas políticas está de acuerdo no se haga.
Ha apuntado que El Hierro está «totalmente desbordada» y como «no hay sentido de Estado, la situación se agrava aún más.
Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha indicado que hay que «dar una respuesta de país» a la «crisis» de inmigración que sufre Canarias de ahí que sea necesario «un gran acuerdo de todos».
En esa línea ha avalado la propuesta planteada por el Ejecutivo y ahora se trata de lograr el apoyo de la «mayoría» de las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias y después trasladar esa posición al resto de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados.
José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha comentado que la acogida de menores migrantes es un «problema de Estado» y en ese sentido ha compartido su apoyo a la propuesta de modificación legislativa y la necesidad de convencer a los portavoces de los distintos grupos en el Congreso, que son los que finalmente se encargarán de la tramitación.
NC-BC: HACEN FALTA MEDIDAS ESTRUCTURALES
Luis Campos, portavoz de NC-BC, se ha posicionado «al lado» del Gobierno de Canarias ante la «falta de solidaridad» e «insesibilidad» para distribuir a los menores migrantes no acompañados de ahí que se haga necesaria una obligación legal.
Ha comentado que esta situación no afecta solo a Canarias, también a Andalucía, Ceuta o Melilla, por lo que entiende que hay que buscar una «solución definitiva» para todos los territorios.
Asimismo ha dicho que hay que iniciar una «ofensiva total» para convencer de la propuesta a los grupos del Congreso y ha pedido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que explore la posición de otros presidentes autonómicos.
«Esto no es una crisis, es un hecho que va a seguir en los próximos años y por tanto no se trata de buscar medidas coyunturales sino estructurales», ha comentado.
Luz Reverón (PP) ha apuntado que Canarias está «sola» a la hora de afrontar la crisis migratoria pues aunque el Gobierno central tiene buenas intenciones, hasta ahora, solo tres comunidades «lideradas por el PP» se han ofrecido para acoger migrantes.
Los populares han propuesto que el reparto se haga entre todas las comunidades autónomas «sin excepción» y con «criterios objetivos y cuantificables», y con fondos asumidos por el Gobierno central, al tiempo que ha criticado la «solidaridad de boquilla» del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dado que ninguna comunidad socialista se ha ofrecido para albergar menores migrantes.
VOX: FOMENTARÁ EL ENRIQUECIMIENTO DE LAS MAFIAS
Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha reconocido su «decepción» con el documento porque no va «al centro del problema» dado que no se trata de trasladar a los menores a otras comunidades sino de impulsar la «repatriación inmediata de cualquier inmigrante ilegal» que llegue a las costas españoles porque si no es así, «va a causar un efecto llamada» y que miles de personas mueran ahogadas en el Atlántico.
Ha indicado que si no se hace así se «fomentará el enriquecimiento de las mafias» y en ese sentido, ha indicado que la propuesta de decreto es «el último eslabón» que les faltaba para impulsar el tráfico de personas y menores.
Galván ha puesto como ejemplo que van a contratar el viaje con «sus clientes» para traerlos a Canarias con la «promesa de» que serán el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España los que los trasladen a la Península.
«Es algo perverso, es algo para nosotros incomprensible», ha detallado.
Asimismo ha advertido de que los menores migrantes tienen un coste de más de 10 millones de euros «sin contar con sanidad y educación», un dinero «ingente» para una de las comunidades «más pobres de España».
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