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El Gobierno justifica la elección del comandante de la Guardia Civil destinado en Venezuela investigado en el caso Koldo

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Destaca su «amplia trayectoria» en el Servicio de Información para la gestión de fuentes y otras tareas operativas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha justificado por escrito el procedimiento por el que eligió en 2023 para la Embajada de España en Venezuela al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y que, posteriormente, fue detenido en marco de la investigación de la Audiencia Nacional por el conocido como ‘caso Koldo’.

En la respuesta a una pregunta de Vox en el Congreso, consultada por Europa Press, el Gobierno asegura que «en el caso del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero se valoraron positivamente sus años de carrera profesional».

En este sentido, se refiere a varias tareas de responsabilidad, entre las que destaca «su amplia trayectoria en el área de terrorismo en los años que ha estado adscrito a la Jefatura de Información».

«Igualmente», continúa el Ejecutivo en su respuesta a Vox fechada el 11 de abril, «se apreciaron a su favor las diversas funciones asumidas ya sea de mando y dirección, inteligencia y formación, como gestión de fuentes, análisis de conducta y otras tareas operativas y técnicas propias del ámbito de la Jefatura de Información y la Inteligencia».

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También menciona que se tuvo en cuenta su conocimiento de inglés y francés, así como su título Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y cursos específicos del ámbito de la Información.

COMISIÓN DE DESTINOS EN EL EXTERIOR

El Gobierno se remonta a la sesión ordinaria de la Comisión de Destinos en el Exterior celebraba el pasado 12 de septiembre donde se resolvió la convocatoria, a favor de Rubén Villalba, para las plazas de Consejeros y Agregados de Interior ofertadas durante el año 2023, entre las que se encontraba la vacante de la Agregaduría de Interior en la Embajada de España en Venezuela.

Vox registró una pregunta sobre los criterios seguidos para la designación del comandante Rubén Villalba en su puesto en Venezuela y también quería saber «cómo supo de la existencia de la investigación en relación con la organización criminal liderada por Koldo García Izaguirre».

Sobre esta última cuestión, el Gobierno se remite a las actuaciones del Juzgado Central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, responsable de la investigación del conocido como ‘caso Koldo’.

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COMANDANTE SUSPENDIDO DE FUNCIONES Tras su detención, la Guardia Civil suspendió de funciones de forma cautelar al comandante Rubén Villalba al abrirle un expediente disciplinario que, siguiendo la normativa interna en este tipo de casos, queda paralizado mientras está abierto el procedimiento penal en la Audiencia Nacional, según precisaron fuentes del Instituto Armado el pasado 7 de marzo.

La decisión se adoptó un día después de que el juez Ismael Moreno dejara en libertad a este comandante tras tomarle declaración en una pieza secreta de la trama de Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Al mando de la Guardia Civil se le investiga por los delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho. Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) señala que Villalba llevaba encima un total de 1.724 billetes de diferentes tipos por un valor total de 4.835 dólares cuando fue sorprendido el pasado 3 de marzo en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

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La Guardia Civil destacó la «vinculación directa, personal y permanente en el tiempo» de Rubén Villalba con Koldo García, subrayando que «resulta de interés» esta relación «porque a priori Koldo habría sido alertado de la existencia de una investigación sobre su persona por fuentes provenientes del cuerpo».

Además, según detallan los investigadores, Koldo aseguraba que Villalba «le habría abierto un par de puertas en Venezuela» y que el agente «habría recibido pagos en metálico de manera recurrente» procedentes presuntamente del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. De hecho, menciona mensajes que cifran en 2.000 euros mensuales el dinero percibido.

El pasado 20 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó en el Congreso que «premiara» al comandante destinado en Venezuela, al tiempo que recordó que tras su imputación fue «relegado y cesado del puesto que tenía fuera del territorio nacional».


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