MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) utilizaron municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) de fabricación estadounidense en Estados Unidos en dos ataques aéreos sobre viviendas de la Franja de Gaza que mataron al menos a 43 civiles –19 de ellos menores de edad–, según una investigación de la ONG Amnistía Internacional, que pide que ambos bombardeos se investiguen como crímenes de guerra.
El primero de estos ataques ocurrió el 10 de octubre, tres días después del inicio de la ofensiva, y tuvo como objetivo una vivienda de Deir al Balá sobre la que cayó una bomba de unos 900 kilos. Murieron 24 personas, mientras que el 22 de octubre perecieron otras 19 por un segundo bombardeo en la misma ciudad, en una zona que teóricamente Israel había catalogado de segura y donde impactó otro artefacto de unos 450 kilos.
Amnistía, que cita entre sus pruebas los fragmentos localizados en ambos puntos, imágenes de satélite, fotografías y testimonios de supervivientes, ha concluido que ninguno de las dos viviendas podían considerarse objetivos militares legítimos, si bien las autoridades israelíes no han colaborado en las pesquisas abiertas por la organización.
La secretaria general de la ONG, Agnes Callamard, ha afirmado que estos bombardeos demuestran que «el Ejército israelí es responsable de matar y herir ilegítimamente a civiles en su bombardeo de Gaza», que acumula ya cerca de 16.000 fallecidos en menos de dos meses, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
También ha puesto el foco en Estados Unidos, recordando que sus armas «facilitaron el homicidio masivo de familias extensas». «El hecho de que el ejército israelí esté usando munición fabricada en Estados Unidos en ataques ilegítimos con consecuencias mortales para la población civil debería ser una llamada de atención urgente para la Administración Biden», ha subrayado.
La responsable de Amnistía ha pedido el cese «inmediato» de todo envío de armas a Israel, toda vez que existe el riesgo de que sean utilizadas en actos que violan el Derecho Internacional. En este sentido, ha apuntado que «un Estado que sigue proporcionando armas que se están usando para cometer violaciones de derechos podría compartir la responsabilidad de estas violaciones».
Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo de armas a todas las partes implicadas en el conflicto, al tiempo que confía en que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) acelere sus investigaciones. Considera que tanto Hamás como Israel han cometido ya crímenes de guerra, por lo que reclama que sus responsables rindan cuentas.
Suleiman Salman al Najjar perdió a su esposa y a cuatro de sus hijos, de entre año y medio y 20 años de edad. En su caso, no se encontraba en la vivienda porque había acudido al médico y, al volver, «no podía creer lo que veía». Ahora, vive junto a sus dos hijos supervivientes en una tienda junto a las ruinas de la que fue su casa: «Nuestras vidas han quedado destrozadas en un instante. Han destruido a nuestra familia. Algo que era inconcebible es ahora nuestra realidad».
«¿Por qué tanta injusticia?», se pregunta otro de los supervivientes de estos ataques, Bakir Abu Mueileq. No entiende por qué una bomba cayó sobre su casa, donde «no hay nadie armado ni político», y lamenta que sólo pudieron encontrar «trozos» de lo que antes eran sus familiares. «Estamos en shock. ¿Qué futuro hay ahora para mis hijas sobrevivientes?», dice.
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