Un total de 594 programas impulsados por alrededor de 230 entidades del tercer sector se han beneficiado de las dos convocatorias de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para subvencionar acciones de carácter social, con cargo al 0,7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en la Comunitat Valenciana, y que contaba con un presupuesto de 13,5 millones de euros.
La finalidad de estas subvenciones es financiar programas de actividades destinados a cubrir las necesidades de atención integral socio-sanitaria, educativas o de inserción socio-laboral de las personas en situación de pobreza y exclusión social o en situaciones de especial vulnerabilidad.
La resolución publicada hoy en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), corresponde a la segunda convocatoria para la distribución de los 13,5 millones de euros del IRPF que el Estado asignó a la Comunitat Valenciana.
De la primera convocatoria con un presupuesto de 12.150.000 euros se beneficiaron 553 programas de 227 entidades y en la segunda por un importe de 1,4 millones de euros, que corresponde a el equipamiento y las obras de adaptación y rehabilitación de centros se benefician 41 programas de 31 entidades.
Según ha explicado el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, con esta segunda resolución la Conselleria subvenciona la terminación de proyectos de inversión financiados en anteriores convocatorias pendientes de conclusión, así como el equipamiento y las obras de adaptación y rehabilitación de los centros y unidades de atención para personas mayores y para personas con diversidad funcional.
También financia las inversiones relacionadas con la ejecución del resto de los ejes relativos a infancia y familias, jóvenes, igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres, personas con drogodependencia, personas con VIH-SIDA, pueblo gitano, igualdad de trato, no discriminación y prevención de delitos de odio, emergencia social e inclusión social, y ex-reclusas.
Asimismo, Ibáñez ha destacado que con la resolución de las dos convocatorias de ayudas se ha cumplido el compromiso que se adquirió con el sector de que la resolución de la primera convocatoria de ayudas estuviera resuelta antes de que acabara el año, y que la segunda orden de convocatoria estuviera también publicada para que las entidades puedan presentar sus proyectos.
Además, ha recordado que desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se consensuó con las entidades del tercer sector los criterios del reparto de las ayudas del nuevo modelo, para que sean «objetivos, justos y que respondan a las necesidades reales».
En esta línea, ha precisado Ibáñez, se acordó que los distintos sectores mantendrían el mismo porcentaje de ayudas que tenían en la anterior convocatoria, realizada antes de la transferencia de fondos a las comunidades autónomas, extremo que también se ha cumplido,.
El secretario autonómico de Inclusión ha incidido también en el esfuerzo que se ha hecho desde la Conselleria para que se acelerara el proceso del reparto de las ayudas.
En este sentido, ha recordado que el pleno del Consell aprobó en septiembre un decreto ley que modificó la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017, con el objetivo de gestionar los 13,5 millones del IRPF que el Estado asignó a la Comunitat y avanzar el cien por cien de estas ayudas para garantizar la viabilidad de los programas dirigidos a la población más vulnerable y desarrollados por las entidades.
Según ha explicado Ibáñez, con esta iniciativa del Consell, las entidades pueden cobrar por adelantado y así, «evitar un gran perjuicio en la ejecución de los programas desarrollados por entidades del tercer sector».
Finalmente, el secretario autonómico ha asegurado que este año, la Conselleria de Igualdad, junto a las entidades del tercer sector, exigirán al Gobierno central que el reparto de fondos que provienen del tramo autonómico «se haga de manera justa entre todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los criterios de población», lo que supondría un aumento en la cantidad que percibe la Comunitat Valenciana.
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