PSPV lamenta que la «verdad judicial» no sea la que perciben los ciudadanos y Compromís y Unides Podem muestran su descontento
ALICANTE, 14 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Alicante, el ‘popular’ Luis Barcala ha señalado, sobre la sentencia sobre la pieza del PGOU derivada del caso Brugal, que se ha hecho pública este miércoles, que de esta forma «se cierran 12 años en los que se han causado daños ya irreparables» y ha anunciado que el Ayuntamiento –posicionado en la causa como acusación particular– no recurrirá el fallo.
«Como no puede ser de otro modo, acato y expreso mi máximo respeto a la sentencia judicial, como siempre he dicho», ha manifestado el primer edil en un comunicado. «Después de más de 12 años, ha hablado la Justicia, que es a quien correspondía hacerlo, aunque se trata de una justicia lenta y tardía que no puede reparar el enorme daño, de todo tipo, infligido», ha agregado.
Barcala ha confirmado que el consistorio no presentará ningún recurso. «A la vista del fallo y sus fundamentos y hechos probados, el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia», ha confirmado.
Desde la oposición política en el consistorio, el concejal y secretario general del PSPV, Miguel Millana, ha lamentado que esta sentencia establezca una «verdad judicial» que no percibieron en su día los ciudadanos, un aspecto «preocupante» para la formación pese a que han mostrado su «respeto» a las decisiones judiciales.
«Esta sentencia viene sobre una causa judicial que se abrió en su día y que supuso un impacto muy grave sobre los cargos del PP que ahora ha recibido la sentencia y que les hizo perder las elecciones; el Fallo establece una verdad judicial que no percibieron en su día los ciudadanos», ha indicado Millana.
Asimismo, ha insistido, en declaraciones a Europa Press, en que la situación les produce «cierta preocupación» al ver que en ocasiones «no hay correspondencia» entre lo que la gente «común» y «corriente» percibe con las sentencias.
«Vemos con preocupación que a veces las sentencias pueden no ser entendidas; acatamos la sentencia como es lo normal pero creo que los jueces deben tomar conciencia que muchas veces hay una verdad judicial que no corresponde con la que perciben los ciudadanos», ha añadido.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha manifestado que, «más allá de absoluciones, prescripciones de delitos o multas ridículas» sigue oliendo a «podrido» esa etapa de la política alicantina «donde el poder político entregó las llaves, el suelo y el Ayuntamiento a un empresario que se hizo así el amo de la ciudad».
«A falta de poder leer y conocer la sentencia, la realidad es que en días como el de hoy resulta muy difícil para la mayoría de la ciudadanía entender las resoluciones judiciales», ha manifestado Bellido.
Por ello, a la formación le resulta «muy complicado» asumir que el «colofón judicial» a esta época sea tan «barato» para sus protagonistas, mientras que las consecuencias para la ciudad han sido «tan terribles».
«No tenemos PGOU, la imagen de la ciudad fue asociada a la corrupción y se vulneraron de forma sistemática las fronteras entre los intereses generales de los alicantinos y los de empresarios particulares. Una herencia que sigue pagando la ciudad y de la que sus responsables la justicia les invita a hacer un «simpa» y no asumir responsabilidades», ha agregado.
Por último, el portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha señalado que «al margen de respetar las decisiones judiciales, hay conversaciones e imágenes públicas que trasladan la sensación de clara connivencia entre el empresario Ortíz y Castedo»: «No es una buena noticia para la imagen de la justicia, ni tampoco para la de Alicante».
«Vamos a ver qué dice la sentencia, todavía no la conocemos, pero en cualquier caso al margen de respetar las decisiones judiciales consideramos que la etapa más oscura de la corrupción política del PP en esta ciudad y en la provincia, no debería quedar impune», ha dicho López.
- Te recomendamos -
