LEÓN, 21 (EUROPA PRESS)
El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, espera que en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará el próximo lunes, 26 de febrero, se ponga «solución» a las reivindicaciones que está realizando el sector del campo.
Diego se ha reunido este miércoles con representantes de las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Ugal-UPA y UCCL, que han convocado para el jueves una protesta con tractores en la capital leonesa, y que han entregado al delegado un documento con sus principales reivindicaciones.
La mayoría de ellas han sido revisadas en los distintos Consejos Agrarios Provinciales que se convocan periódicamente a lo largo del año. Ante la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea, se ha convocado de nuevo un Consejo Agrario para el día 14 de marzo.
En ese encuentro se espera poder «abordar esas posibles soluciones que se esperan y desean de la reunión europea de este lunes», ha afirmado el delegado de la Junta en León en un comunicado remitido a Europa Press.
PETICIONES
Entre las peticiones están la revisión del Plan Estratégico de la PAC para España para flexibilizar las exigencias medioambientales hasta, en particular, eliminar el barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos, además de que no haya ninguna limitación a la siembra de maíz.
Además, piden reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países; «acabar con el oligopolio» de los abonos, reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes y de la electricidad, impedir la venta a pérdidas y reforzar el papel del productor en la negociación de los contratos.
También revisar la normativa en materia de sanidad y bienestar animal, tratamientos fitosanitarios y abonado de los suelos agrícolas.
Por otra parte, reclaman ayudas a la modernización de explotaciones, derogar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, cerrar el mapa de la modernización del regadío y de los nuevos regadíos, así como un plan de seguros agrarios que «asegure la producción real esperada», además de una legislación «estricta» de los proyectos de macro parques fotovoltaicos y sus líneas de evacuación, entre otros asuntos.
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