CÓRDOBA, 25 (EUROPA PRESS)
El grupo provincial de Izquierda Unida en Córdoba ha expresado su rechazo a las políticas de memoria democrática de la Diputación, que «ha vuelto a relegar a un segundo plano la memoria de las víctimas del franquismo y a poner en riesgo las exhumaciones de la Salud y San Rafael».
En un comunicado, la formación ha exigido a la Diputación que proporcione a la Delegación de Memoria el presupuesto «que se merece» para seguir avanzando con los principios de «verdad, justicia y reparación» de las víctimas del franquismo
Asimismo, ha criticado al Partido Popular por «convertir la Delegación de Memoria Democrática, que fue impulsada durante el mandato anterior gracias a IU y logró avances significativos como la creación de la cátedra de Memoria en colaboración con la Universidad de Córdoba, en algo testimonial».
Desde el grupo provincial señalan que el PP no sólo «desestima la importancia» de la memoria democrática, sino que «tampoco muestra ningún compromiso» con los principios de «verdad, justicia y reparación».
«La primera acción de este gobierno ha sido reducir drásticamente el presupuesto de la Delegación de Memoria, de 500.000 a 185.000 euros», han criticado en IU, que aseguran que esto «pone en riesgo incluso el convenio entre distintas administraciones para la exhumación de las más de 4.000 personas asesinadas por la represión franquista que aguardan en las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael».
Con un presupuesto «tan limitado», han apostillado, «resulta incierto cómo se podrán afrontar los compromisos económicos adquiridos en dicho convenio, que superan los 125.000 euros, 25.000 de 2023 y 100.000 de este 2024».
Por este motivo, IU ha instado al gobierno provincial a «reconsiderar su postura y a asignar a la delegación el presupuesto adecuado mediante modificaciones presupuestarias». «Es fundamental que se garantice el apoyo financiero necesario para que miles de familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos.
La memoria democrática, han añadido desde el grupo provincial, «no es una cuestión ideológica, sino un imperativo de justicia reconocido por organismos internacionales, y España aún tiene una deuda pendiente en este sentido, tras décadas de silencio y omisión».
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