Las prioridades se centrarán en los nuevos retos del cambio climático, la conectividad ecológica y el ‘empleo verde’
El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de la Sierra de las Nieves (Málaga), que sustituyen a los vigentes desde 2003 e incorporan medidas vinculadas a los nuevos retos del cambio climático, la conectividad ecológica y el ‘empleo verde’. La nueva planificación se ha elaborado también teniendo en cuenta la futura declaración de este espacio protegido como parque nacional, cuya propuesta inicial ya han ratificado los ejecutivos central y autonómico para su debate en el Congreso de los Diputados.
El primero de estos documentos, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, se aplicará en la totalidad del territorio que ocupa la Reseva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves y su entorno (96.809 hectáreas), mientras que el Rector de Uso y Gestión tendrá como ámbito el Parque Natural localizado en la misma (20.132 hectáreas). Las medidas previstas afectarán a 13 municipios: Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera.
Las prioridades de conservación recogidas en ambos planes, de vigencia indefinida y con evaluaciones plurianuales, se dirigen especialmente a las amenazas derivadas del cambio climático, a la regeneración y conexión de ecosistemas y a la protección de los pinsapares, unos bosques exclusivos de Andalucía que encuentran en la Sierra de las Nieves sus mayores extensiones. Asimismo, se simplifican los procedimientos al introducir la comunicación previa del promotor, en sustitución de la autorización administrativa, para diversas iniciativas.
El Plan Rector de Uso y Gestión establece las directrices de protección de ecosistemas forestales, mejora de la fauna amenazada, reintroducción de especies, rehabilitación de edificaciones y ampliación de la oferta de equipamientos públicos dentro del parque natural, entre otros aspectos.
En cuanto a la actividad agropecuaria, las principales previsiones se dirigen a adecuar la presión ganadera y ordenar los lugares de pastoreo y los cambios de cultivos. También se incluye una regulación detallada de la práctica de la espeleología, dado que en el parque natural se localizan algunas de las simas más profundas del planeta, así como de la escalada y el vivaqueo, las actividades aeronáuticas, el turismo ecuestre y el montañismo y el senderismo.
La planificación aprobada por el Consejo de Gobierno cuenta con los informes favorables de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves, en la que están representados los principales agentes sociales, económicos e institucionales de la comarca, y del Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible, integrado por las distintas consejer¡as del Gobierno andaluz.
Valores naturales
Situada en la Serranía de Ronda, en el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas, la Sierra de las Nieves alberga la más extensa población de pinsapos de Andalucía, además de valiosas formaciones de quejigales, encinares y bosque mediterráneo.
Declarado Parque Natural en 1989 y Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1995, e integrado en la red europea Natura 2000, el territorio sirve de hábitat a 150 especies de aves y a una rica fauna terrestre en la que se incluyen la cabra montés, el corzo y la nutria. Entre sus valores geológicos, destaca la presencia de numerosas grutas, cavernas y simas, entre ellas la denominada Gesm, la tercera más profunda del mundo con 1.100 metros. Además, alberga uno de los escasos afloramientos de peridotitas (rocas de origen plutónico) del planeta.
Junto con esta riqueza ecológica, la Sierra de las Nieves ofrece también una lograda conjunción del urbanismo y la arquitectura popular con un atractivo entorno en el que abundan tajos, barrancos y desfiladeros. En cuanto a las actividades económicas, las más relevantes son las ganaderas, forestales y cinegéticas, así como las ligadas al turismo y a la industria artesanal (talleres textiles, marroquinería y forjado de rejas).
Inserción de menores infractores y asistencia a víctimas
El Consejo de Gobierno también ha establecido la previsión presupuestaria para atender, en el ejercicio de 2019, las nuevas prórrogas y licitaciones de contratos en materia de inserción de menores infractores y servicios de asistencia a víctimas y Puntos de Encuentro Familiar. Con este fin ha incrementado en 3,72 millones de euros los límites de compromiso de gasto de las partidas correspondientes en la Consejería de Justicia e Interior, hasta llegar a 73,9 millones.
Los contratos afectados, con entidades sin ánimo de lucro y próximos a su vencimiento, son los relativos a la gestión de las medidas judiciales sin internamiento en los Servicios Integrales de Medio Abierto; centros de día en Cádiz, Córdoba y Granada; un grupo educativo de convivencia en Huelva; mediación penal de menores en las ocho provincias, y los Servicios de Atención a Víctimas (SAVA) y Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Almería, Cádiz y Sevilla. La previsión presupuestaria también cubrirá nuevas licitaciones de suministros y vigilancia en el centro de internamiento San Francisco-La Biznaga de Málaga.
Los Servicios Integrales de Medio Abierto, de ámbito provincial, permiten gestionar medidas de reeducación e inserción social, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, arresto de fin de semana, tratamiento terapéutico y otras que no suponen internamiento y son impuestas por los juzgados a los menores infractores. El trabajo lo desarrollan grupos de profesionales de Derecho, Psicología y Trabajo Social, que hacen posible que, actualmente, más de un 80% de los jóvenes logren reinsertarse y no reincidan.
Por su parte, los recursos de mediación en Justicia Juvenil ofrecen a los jóvenes infractores la posibilidad de restablecer el daño ocasionado sin judicialización, mientras que los PEF atienden a menores derivados por los juzgados en casos de conflictos y problemas de convivencia entre progenitores e hijos.
Finalmente, los SAVA atienden a personas víctimas de delitos violentos, especialmente mujeres (70% del total). Adscritos a la Consejería de Justicia de Interior y gestionados por distintas entidades colaboradoras, prestan tanto asistencia jurídica como apoyo psicológico y social. En el caso de mujeres que han sufrido violencia de género, también se encarga de gestionar la asistencia en casas de acogida. Los SAVA se ubican en dependencias judiciales de las ocho provincias andaluzas y del Campo de Gibraltar. Cada uno de ellos cuenta con una plantilla de cuatro profesionales con formación especializada en atención y asistencia a víctimas: dos juristas, un psicólogo y un trabajador social.
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