CÓRDOBA, 29 (EUROPA PRESS)
La asociación nacional de protección animal Galgos del Sur ha participado en el decomiso de 25 perros de caza de una rehala en «pésimas condiciones» ubicada en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), después de la labor de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación, según confirman fuentes del caso.
Al respecto, la asociación, que cuenta con un refugio con más de un centenar de perros ubicado en Villafranca de Córdoba, ha detallado en una nota que se ha hecho cargo de una docena de perros, mientras que los otros 13 animales han sido distribuidos entre el Ayuntamiento de Hornachuelos (3) y otros rehaleros (10), contando estos últimos con microchip identificativo.
Según Galgos del Sur, «la inspección del Seprona en las instalaciones del rehalero, investigado ahora de un delito de maltrato animal, fue realizada el viernes 26 de abril y arrojó indicios suficientes para proceder al decomiso de todos los animales encontrados en el lugar al día siguiente».
En este sentido, han apuntado que «un total 25 perros de caza vivos y uno muerto, aún atado a su cadena, fueron retirados del lugar», donde «malvivían en condiciones lamentables y de insalubridad, todos ellos caquéxicos, desnutridos, parasitados, con heridas, atados con cadenas y viviendo entre sus heces».
La asociación ha asegurado que todos los perros bajo su custodia están siendo ya atendidos en sus instalaciones, donde esperan que «se recuperen para poder ser dados en adopción».
En palabras de Javier Luna, cofundador de Galgos del Sur y participante del decomiso, «todo lo que había en el zulo era crueldad animal», de modo que ha afirmado que «los perros estaban en las últimas y muchos no se sostenían siquiera en pie», entre otros aspectos que ha citado.
Además, Luna ha lamentado «la terrible situación que viven los perros de las rehalas, que desgraciadamente no es aislada, sino crónica», al tiempo que ha recriminado a «la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos que, conociendo la crueldad a la que son sometidos los perros de caza, hagan la vista gorda y amparen su maltrato».
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