En las últimas semanas, el término ‘lawfare’ ha cobrado relevancia en España. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha analizado su uso por los partidos políticos españoles, concluyendo que muchos lo emplean con fines partidistas o de protección política, dañando las bases del Estado de derecho y la democracia representativa.
El término lawfare, una fusión de las palabras inglesas «ley» y «guerra», indica el uso indebido de procesos legales para objetivos políticos. Según el Instituto, esta práctica ha generado un debate intenso sobre la justicia y la manipulación política.
El lawfare se caracteriza por el uso estratégico y malicioso de los sistemas judiciales para objetivos políticos, afectando la integridad de las instituciones judiciales y desafiando la separación de poderes. Esto incluye la persecución selectiva de opositores políticos y la instrumentalización de procesos judiciales contra adversarios.
El jurista Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto, advierte contra el uso del lawfare como excusa para justificar errores políticos. A nivel global, el lawfare es un tema de debate en democracia, división de poderes, derechos humanos y el Estado de derecho.
En España, el uso de lawfare se ha observado en contextos políticos diversos. Por ejemplo, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha denunciado su uso contra partidos nacionalistas catalanes. Asimismo, algunos partidos de la izquierda española han redefinido el lawfare para señalar tácticas de acoso judicial. Figuras políticas como Pablo Iglesias y Ada Colau han sido mencionadas en relación con este fenómeno.
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