Las investigaciones realizadas han destapado una defraudación de IVA a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros de cuota, de los que 45 afectan a las arcas españolas
La organización criminal contaba con dos centros neurálgicos (en Madrid y en Elche) desde donde se controlaba la gestión de numerosas empresas instrumentales españolas y extranjeras (húngaras, búlgaras, portuguesas, italianas, chipriotas, belgas) cuya función no era otra que la de eludir el pago del IVA de los productos introducidos en España y que se destinaban a consumo a precios anormalmente reducidos a costa precisamente del impago del IVA, con el efecto de competencia desleal para el resto de comerciantes de los sectores afectados (fundamentalmente de componentes electrónicos)
Además del perjuicio que para la Hacienda Pública suponía esa forma de actuar, el daño para las arcas públicas era aún mayor puesto que una parte de esos productos se volvía a introducir en el circuito fraudulento simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un IVA que previamente no había sido ingresado.
En todo el entramado existía una importante estructura usada para emitir facturación falsa o de cobertura, que además de estar al servicio del fraude al IVA en productos electrónicos, se utilizaba también para introducir en España vehículos de alta gama con una reducción importante en el precio, debido igualmente al impago del IVA. Los investigadores han podido acreditar que en tres años la organización ha expedido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.
Asimismo la organización hacía circular el dinero entre las mercantiles que conformaban el entramado empresarial empleando un sistema de embudo, de tal forma que todo el dinero pasaba a través de Hungría o Bulgaria. En concreto, se ha podido determinar que a través de dos empresas instrumentales húngaras la organización habría “movido” en dos años más de 140 millones de euros.
Por su parte, la operativa de blanqueo de capitales era variada: inversiones inmobiliarias -fundamentalmente en España y en Estados Unidos-, compra de un manantial por valor de 3 millones de euros, compraventa de vehículos de lujo, líneas de préstamos bancarios e inversiones en empresas relacionadas con el mundo audiovisual ubicadas en España, Estados Unidos y Hungría. El destino final del dinero era, en función de la trama defraudadora, Estados Unidos, Italia o España.
En los registros realizados se han intervenido, entre otros efectos, 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, abundante documentación y 400.000 euros en efectivo. La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche y la Fiscalía de Área de la localidad alicantina.
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