Rodríguez Achútegui cree que hay intentos de instrumentalización política del trabajo judicial, que pueden ser corregidos, «pero tarda»
BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Edmundo Rodríguez Achútegui, cree que no es necesaria una regeneración democrática, sino aplicar los instrumentos disponibles y hacerlo «bien», pero sobre todo renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que ha reclamado al PP «sentido institucional» para que se pueda materializar.
Tras considerar que hay intentos de instrumentalización política del trabajo judicial, ha dicho que pueden ser corregidos por los tribunales posteriormente, «pero tarda». Lo normal, según ha afirmado, es que si una denuncia «no tiene fundamento, acabe archivándose», pero «tiene unos tiempos y se pueden producir perjuicios» hasta entonces.
En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Rodríguez Achútegui ha abogado por utilizar los instrumentos de los que ya se dispone en democracia y las previsiones institucionales contempladas en la Constitución y las leyes «para cumplir las obligaciones que establece».
«No es necesario regenerar nada, sino aplicar lo que hay y hacerlo bien. Y hasta hora no se está haciendo porque hay un problema importante dentro del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que lleva sin renovar más de cinco años, en funciones, sin poder hacer nombramientos, sin poder plantear proyectos de mejora de la Administración de Justicia, sin liderar los cambios que hacen falta para que el ciudadano perciba que la justicia funcione mejor», ha añadido.
A su juicio, la no renovación del CGPJ «transmite una imagen pésima» y ha aclarado que el Poder Judicial no es el Consejo, que es el órgano de Gobierno de los jueces. «El Poder Judicial es la Judicatura que trabaja cotidianamente por tratar de satisfacer las demandas de tutela judicial de la gente», ha apuntado.
El magistrado ha considerado que el Consejo General del Poder Judicial «ha entrado en una deriva, que es consecuencia de su falta de renovación», y traslada la sensación de que «se quiere controlar por los partidos y precisamente la falta de renovación a lo que está contribuyendo es contaminar la imagen de imparcialidad e independencia que debería tener el Poder Judicial».
Edmundo Rodríguez Achútegui ha señalado que «la mejor solución al conflicto actual es que se aplique la Ley vigente» porque modificarla debería ser «el último de los remedios». «Lo que hay que pedir al partido que está impidiendo esa renovación, que es el PP, es que tenga sentido institucional, que entre en razón y que proceda a la renovación», ha explicado.
«LA MEJOR REFORMA»
En su opinión, «ya se han alcanzado acuerdos con esa finalidad en dos ocasiones, una con Pablo Casado y otra con Feijóo», pero «en el último momento, por las razones que fueran, las presiones internas que había en el partido, se frustró, pero esa es la mejor reforma que puede haber».
De esta forma, ha abogado por «aplicar la regulación vigente y, si realmente», como se está observando, «es problemática», habría que «sentarse y tratar de alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas y los actores judiciales para mejorar la legalidad». «Pero lo que no se puede es pedir que se cambie la Ley para que se cumpla, como está sucediendo en la actualidad», ha insistido.
El portavoz de JJpD se ha mostrado partidario de que «los jueces elijan a los jueces y que los candidatos que los jueces hayan elegido, luego pasen por el Parlamento, que sean examinados por los representantes de la soberanía popular y que el Parlamento, entre esas candidaturas que se han propuesto por las asociaciones judiciales, por los jueces no asociados, por la judicatura en general, elija a los que considera más idóneos». «Es el sistema que a nosotros nos parece más razonable y es el que siempre hemos defendido», ha destacado.
Rodríguez Achútegui ha recordado que el artículo 117.1 de la Constitución «es clarísimo cuando dice que la Justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados que integran el Poder Judicial».
«Es decir, el titular del Poder Judicial es el pueblo español y la Judicatura tiene un trabajo muy importante, pero es mera administradora de ese poder. Y si perdemos la conexión del poder con su base de legitimidad, que es la soberanía popular, en vez de aplicar la Constitución, estamos defendiendo lo que entiende la corporación judicial en este caso que es lo más conveniente. A nosotros nos parece que esa disociación no es admisible», ha subrayado.
A su juicio, «todos los poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial tienen que estar conectados con la representación de la soberanía popular».
LAWFARE
Preguntado por si cree que existe ‘Lawfare’, ha señalado que «lo que existe es un intento de instrumentalización política del trabajo judicial». «Está claro que hay determinados partidos y determinadas organizaciones que operan con intereses claramente partidistas, que tratan de utilizar a los tribunales en beneficio propio y que propician que se produzcan largas instrucciones», ha manifestado.
Tras precisar que «el trabajo judicial es el que es» y los jueces tienen que comprobar las comunicaciones que les da de denuncias que se interponga, ha explicado que luego el sistema «tiene remedios para evitar el abuso del proceso, pero tardan». «Habría que pedir a quien trata de instrumentalizar la justicia a su servicio es que dejara de hacerlo», ha subrayado.
Según ha defendido, la política tiene su lugar en los parlamentos «y el trabajo judicial no va a resolver en ningún caso los problemas políticos».
«Los tribunales tienen que asegurar el cumplimiento de las garantías. Normalmente, lo que ocurrirá cuando una denuncia no tenga fundamento, es que termine archivándose. Pero eso tiene unos tiempos y, mientras tanto, se pueden producir perjuicios», ha afirmado.
ACUSACIÓN POPULAR
Sobre la acusación popular, Edmundo Rodríguez Achútegui ha dicho que «tiene su parte buena y su parte peor, tiene su cara y su cruz». «Se está utilizando por algunos grupúsculos para tratar de influir en la vida política a través de los procedimientos judiciales. También es cierto que se han podido perseguir delitos que, por la razón que fuese, no fueron perseguidos por la Fiscalía, y tenemos ejemplos sobrados de condenas por casos de corrupción y de tortura en los que la acusación popular es la que ha permitido que salgan adelante», ha remarcado.
Se trata, tal como ha apuntado, de una peculiaridad del proceso español, que no existe en otros países, y por eso, «sería interesante que el Consejo General del Poder Judicial hiciera su trabajo».
«Tiene desde hace más de dos años un informe que elaborar sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el proyecto para cambiar todo el sistema que existe en la actualidad y, si eso saliera adelante y se trabajara en eso, quizá podríamos tener en algún momento la reforma de una ley que es del siglo XIX, que es necesaria porque va a cambiar el paradigma de cómo se trabaja en el ámbito penal», ha mantenido.
El magistrado ha considerado que, de esa forma, la instrucción recaería en los fiscales, «y los jueces quedarían como órganos de garantía para que no se produjeran los abusos del proceso» que pueden darse ahora.
A su entender, es necesaria la renovación del CGPJ, «que no se libera porque hay un partido (el PP) que está empeñado en que no se produzca». «Hace falta un momento de sentido institucional que permita que este capítulo se pase y que podamos llegar a una situación normalizada», ha reiterado.
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