PALMA, 18 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobado este jueves, por unanimidad, una Proposición No de Ley de MÉS per Mallorca para un plan integral de infraestructuras educativas públicas de país que contemple todas las etapas, desde los 0-3 años a la Formación Profesional, y los factores que condicionan el acceso a una educación equitativa y de calidad.
Según ha informado MÉS, la propuesta pide al Govern realizar un estudio empírico, riguroso y cuidadoso de las necesidades de infraestructuras, adaptaciones y reformas, y elaborar y llevar a cabo la planificación de las infraestructuras educativas para garantizar que los centros se encuentran en las mejores condiciones, son sostenibles, se adaptan al cambio climático y dan respuesta a las necesidades sociales de escolarización, a la diversificación de la oferta formativa y las demandas de las familias con una dotación de plazas escolares públicas suficientes.
«Necesitamos un plan que vaya más allá de los ciclos electorales y acabe con los centros de primera y de segunda», ha opinado la diputada de MÉS Maria Ramon.
En detalle, la PNL insta al Govern a elaborar y aprobar un plan de infraestructuras educativas que contemple todas las etapas y los factores que condicionan el acceso a una educación equitativa y de calidad.
Además, de acuerdo con la proposición, el Ejecutivo tendrá que incluir la adaptación de los centros existentes al cambio climático, yendo más allá del aislamiento térmico y la climatización de los centros, y que tenga en cuenta el potencial de los patios y otras zonas comunes.
En este sentido, tendrán que garantizar y velar por que el diseño de las futuras infraestructuras cumplan con los criterios de sostenibilidad en relación al aprovechamiento de la energía solar, la eficiencia energética, el ahorro de agua, la movilidad sostenible y la gestión de residuos.
Para la redacción del plan, el Govern tendrá que contar con toda la comunidad educativa y tener presente el asesoramiento pedagógico a la hora de configurar los nuevos centros educativos y, una vez aprobado, revisarlo cada dos años e incluir las necesidades sobrevenidas.
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