MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la legalidad o no del aval del Instituto Catalán de Finanzas a las multas del Tribunal de Cuentas a los excargos del Govern es una cuestión «muy técnica» por lo que rechaza pronunciarse al respecto.
No obstante, y ante las críticas tanto del Partido Popular y de Ciudadanos, ha precisado que «en este país, a veces todos opinamos de todo».
Ambos partidos han criticado al Gobierno después de que el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, haya consultado a la Abogada General, Consuelo Castro, sobre la conveniencia de realizar o no el informe que se le ha encargado sobre la «suficiencia y legalidad» de los avales asegurados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para antiguos cargos independentistas.
El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, cree que estos avales son un «fraude de ley» y ha dicho sospechar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para «mirar a otro lado». Y el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de poner las instituciones «a su servicio», y también la Abogacía del Estado.
Sin embargo, la titular de Defensa ha rechazado pronunciarse sobre este asunto porque «es una cuestión jurídicamente muy técnica y las cuestiones que son jurídicamente técnicas se tienen que estudiar técnicamente y jurídicamente».
Lamenta, por el contrario, que «en este país, a veces, todos opinamos de todo» y por ello, insiste en que «de aquellos asuntos que técnicamente y jurídicamente» no se ha estudiado a fondo prefiere no pronunciarse.
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