los entierros de migrantes pertenecen al Gobierno central
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha defendido este lunes que tiene informes jurídicos de expertos en derecho internacional y que avalan que los entierros de migrantes que mueren en alta mar son costes que debe pagar el Gobierno central.
En declaraciones a los periodistas ha explicado que este lunes se reúne con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien entre otras cuestiones le va a aportar documentación desde el año 2020 para exponerle por qué su negativa a costear los enterramientos de los futuros migrantes que vengan fallecidos en alta mar.
Bueno ha incidido en que la «precisión» se encuentra en los migrantes que mueren en alta mar aunque, dijo, «el PSOE quiere confundir a la población» y tachándolos de «insolidarios» o «racistas» por la decisión adoptada por el ayuntamiento grancanario en relación a los enterramientos de inmigrantes.
Además, matizó, que «se basan en el decreto del año 74, un decreto franquista que dice que se entierran todos los fallecidos en el término municipal», aludiendo la alcaldesa de Mogán que ella entiende por término municipal que «no es aguas nacionales porque todos vienen fallecidos en aguas nacionales».
Añadió que a ello hay que sumarle un decreto del año 2011 de Salvamento Marítimo «donde concreta que son los responsables de salvar vida, que dependen del Ministerio de Fomento y son ellos los que van a la búsqueda del rescate de esos migrantes fallecidos en alta mar y no fallecidos».
De este modo, Onalia Bueno subrayó que si la embarcación es de Fomento y las aguas son nacionales, «no» pueden decir que son los ayuntamientos los «responsables de los enterramientos cuando mueren en alta mar».
MANDO ÚNICO
En este sentido, citó la crisis migratoria del año 2006 para exponer que entonces hubo un «mando único» con el Gobierno de España –gobernado por José Luis Rodríguez Zapatero– en coordinación con el Ejecutivo canario que presupuestó partidas económicas «precisamente para los enterramientos, instrucción de los cayucos, que también es competencia del Gobierno de España y no lo están haciendo, y otras partidas económicas relacionadas con la migración».
Por ello, ha solicitado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, posicionarse conjuntamente al entender que la ley les ampara en este sentido al igual que el derecho internacional y ha pedido «hacer un frente único para intentar que el Gobierno de España recapacite, nombre a un interlocutor único de la crisis migratoria que aborde en su conjunto la problemática migratoria».
Hasta ahora ha asegurado que el Ayuntamiento de Mogán «ha hecho todas las gestiones» con «todo» el mundo –Delegación, Fecam (…)–, ya que admitió que «antes de dar un paso, siempre» hace «todo lo que es necesario». Sin embargo, puntualizó que «llega un momento que todo tienen un límite y el límite ese ha llegado ahora».
«Entiendo que al presidente de Canarias le toca liderar nuevamente esta situación, ya que esta alcaldesa lo ha intentado en numerosas ocasiones con la Delegación del Gobierno y también lo ha intentado el presidente de la Comisión insular precisamente en el año 2021 cuando se solicitó que se integraran esas partidas económicas por parte del Gobierno de España a la FECAM, que aportó para los 28 migrantes que se enterraron en los diferentes municipios de Canarias y todavía estamos a la espera», apostilló.
Bueno ha incidido en que cuando una persona fallece en tierra y las familias no se hacen cargo de la persona que muere, «el ayuntamiento tiene la obligación de llevar a cabo ese enterramiento y los costes pero en alta mar los ayuntamientos no tienen competencia» para insistir en que es una cuestión que «está clarísima y es sentido común».
La alcaldesa de Mogán concluyó considerando que, entre otras cuestiones, esta situación es consecuencia de que hay «cinco ministerios que no están coordinados entre sí y de aquellos polvos, estos lodos».
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