MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Miembros de los componentes militar y civil del Gobierno de transición en Sudán han intercambiado críticas durante las últimas horas en relación con el intento de golpe de Estado del martes, achacado por las autoridades a soldados vinculados con el expresidente Omar Hasán al Bashir.
El primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, y otros miembros de las autoridades civiles han pedido a las Fuerzas Armadas que cesen a elementos islamistas del Ejército y el sector de seguridad para sacar adelante las reformas y eliminar la amenaza que suponen por sus supuestos lazos con Al Bashir.
Sin embargo, tanto el presidente del Consejo Soberano de Transición como su ‘número dos’, Abdulfatá al Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, respectivamente, han rechazado estos llamamientos y el último, conocido como ‘Hemeti’, ha criticado a las autoridades civiles por presuntos errores que estarían incrementando el malestar en el país.
Así, ‘Hemeti’, que lidera las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) –una organización paramilitar–, afirmó que «los políticos son la principal causa detrás de los golpes porque han ignorado al ciudadano medio (…) y están más preocupados luchando sobre cómo pueden permanecer en el país, lo que ha generado malestar entre los ciudadanos».
Al Burhan cargó además contra la coalición gubernamental civil y manifestó que «sólo está interesada en los cargos y en luchar por ellos». «No hay un partido político que haya ido a los ciudadanos para abordar sus problemas» debido a que «pasan el tiempo discutiendo y criticando a las fuerzas de seguridad», agregó, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.
«Están dirigiendo sus flechas a las Fuerzas Armadas», denunció Al Burhan, quien criticó que «el criterio para elegir a los nuevos miembros (del Gobierno civil) es su capacidad para insultar al Ejército», al tiempo que mostró su malestar con «la exclusión del componente militar» del programa Camino Adelante de Hamdok para la transición, tal y como ha informado Radio Dabanga.
«Dejamos el trabajo ejecutivo al Consejo de Ministros hace dos años, pero creemos que el asunto se ha desviado del camino correcto», señaló Al Burhan. «Somos los guardianes de la unidad, la seguridad, la construcción y el futuro de Sudán, a pesar de las objeciones de cualquiera», dijo, antes de resaltar que el Ejército «no aceptará un monopolio de ciertas fuerzas políticas gobernando Sudán».
Hamdok ha negado que las autoridades civiles busquen excluir a los militares y ha hecho hincapié en que el objetivo «era y es ampliar la base de la transición para garantizar una transición tranquila hacia una situación democrática sostenible». «Cualquier pérdida en los requisitos de la transición tendrá un gran coste a nivel político, legal y de seguridad», ha advertido.
Por su parte, el ministro de Asuntos de Gobierno, Jalid Omer Yusif, ha apuntado en declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que las palabras de Al Burhan sobre el papel del Ejército en el país suponen «una amenaza directa al periodo de transición» y ha recordado que la población se ha manifestado para reclamar una reforma del aparato de seguridad.
El cruce de acusaciones ha tenido lugar poco después de que la ministra de Exteriores de Sudán, Maryam Sadiq al Mahdi, aplaudiera el papel del Ejército a la hora de abortar la asonada e indicara que las acciones de las Fuerzas Armadas para contener la intentona muestran su compromiso con el proceso de transición.
Hamdok aseguró el martes que el golpe fue «planificado por actores dentro y fuera de las Fuerzas Armadas», entre ellos figuras cercanas a Al Bashir, y resaltó que la situación «apunta claramente a la importancia de reformar los órganos militares y de seguridad».
Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar instaurada tras el golpe de Estado que derrocó en abril de 2019 a Al Bashir, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras, con el objetivo de poner en marcha una serie de reformas y preparar las próximas elecciones.
Este Gobierno ha iniciado una batería de reformas sociales y económicas –algunas de las cuales han provocado el malestar entre la población, como la retirada de subsidios– y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.
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