MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años han pedido una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que exija a las autoridades que entreguen la información que ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que el día anterior anunció el cierre de sus investigaciones por la «imposibilidad» de continuar sus labores por el ocultamiento de documentación.
Uno de los padres de los desaparecidos, Mario González, familiar de César González Hernández, ha acusado a López Obrador de «fallar» a su palabra al no hacer nada frente al incumplimiento de la Sedena sobre el decreto firmado por el que tendría que haber entregado información necesaria para esclarecer el caso.
«Ya basta de tanta cerrazón ¿Qué esconden? ¿Cuál es el problema de no entregar la información? La Sedena debe decir la verdad si tiene vergüenza. Urge una reunión con el presidente, no se vale jugar con 43 padres, nosotros y todo México tenemos derecho a conocer la verdad», ha manifestado.
Además, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, ha expresado que se sienten «tristes y enojados» porque después de «más de ocho años de la desaparición de sus hijos no se está cumpliendo con la palabra del presidente».
«Agradecemos a los expertos su ayuda, aunque se van sin alcanzar la verdad; nos sentimos muy tristes porque además no somos los únicos, somos miles los que estamos buscando a los nuestros, estamos desesperados», ha declarado, según recoge el periódico mexicano ‘Proceso’.
Por su parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, ha destacado que los familiares no están dispuestos a aceptar otras conclusiones que no sean las presentadas por el GIEI, exigiendo que se atiendan las recomendaciones de los expertos porque «es obligación del Gobierno», ya que el organismo se creó como parte de un acuerdo del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI denunció este martes que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) se han negado repetidamente a facilitar la documentación existente, a pesar de tener pruebas de los hechos, por lo que consideran que es complicado avanzar en las pesquisas siempre y cuando se mantenga este nivel de cooperación. Los expertos lamentaron que estas decisiones afecten a la credibilidad de las instituciones «que niegan la verdad», puesto que «afectan también a la voluntad expresada por el propio Estado, por la Presidencia y acaban con la legitimidad de las instituciones».
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