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La Red europea de Cooperación en Protección a los Consumidores pide a 20 aerolíneas que eliminen el «ecopostureo» de sus comunicaciones

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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (Red CPC), de la que forma parte la Dirección General de Consumo, adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha advertido a 20 compañías aéreas de que estarían cometiendo «ecopostureo» a través de “comunicaciones engañosas”.

Así lo anunció este martes el departamento de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que esta acción, coordinada por la Comisión Europea y desarrollada en colaboración con todos los Estados miembro, ha sido liderada por España y por las autoridades homólogas de Bélgica, Noruega y Países Bajos y tiene su origen en una alerta de la Organización Europea de Consumidores (BEUC).

En concreto, las autoridades han identificado “varios tipos” de afirmaciones medioambientales “potencialmente engañosas” y han urgido a las compañías aéreas a “ajustar” sus prácticas a la legislación de la UE sobre prácticas comerciales desleales “en un plazo de 30 días”.

“Después de esta comunicación, la Red CPC dialogará con las compañías aéreas y monitorizará la implantación de los cambios que sean necesarios para cumplir con la normativa vigente”, abundó el gabinete de Bustinduy, al tiempo que puntualizó que, si las compañías implicadas “no adoptan las medidas necesarias para resolver estos problemas”, las autoridades de la Red CPC “podrán decidir la adopción de nuevas medidas, incluidas sanciones económicas”.

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Consumo recordó que el «ecopostureo», conocido también por su término inglés ‘greenwashing’, es una práctica que busca conseguir una “ventaja competitiva desleal” comercializando un producto o servicio como “respetuoso con el medio ambiente cuando, en realidad, la información no es cierta, no se trasmite de forma clara o las afirmaciones no tienen ningún respaldo científico”.

INFRINGE LA LEGISLACIÓN DE LA UE

“El ‘ecopostureo’, o ‘greenwashing’, infringe la legislación de la UE sobre prácticas comerciales desleales, ya que es una forma de propaganda con la que ciertas empresas promueven de forma engañosa que ofertan servicios respetuosos con el medio ambiente”, apostilló.

En este contexto, indicó que, entre las afirmaciones “potencialmente engañosas” que estas compañías incluyen en sus páginas web o aplicaciones se encuentran anuncios de que las emisiones de CO2 causadas por un vuelo pueden “compensarse o reducirse” mediante proyectos climáticos o mediante el uso de combustibles de aviación “sostenibles” a los que los consumidores “pueden contribuir pagando tasas adicionales”.

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Además, explicó que se han detectado otros tipos de prácticas “engañosas” como el uso de los términos «ecológico», «sostenible» o «responsable» de forma “absoluta” o el empleo de imágenes o colores que, según las autoridades europeas, “pueden inducir a error a los consumidores sobre el impacto medioambiental de la industria de la aviación, altamente contaminante”.

En paralelo, también se han observado afirmaciones relacionadas con desempeño futuro, como que la aerolínea “avanza hacia un nivel cero de emisiones de gases de efecto invernadero”, que, según el departamento de Pablo Bustinduy, “podrían no estar asociadas a compromisos claros y verificables, objetivos medibles y un sistema de seguimiento independiente”.

Asimismo, afeó que algunas compañías presentan a los consumidores una «calculadora» de las emisiones de CO2 de un vuelo específico “sin aportar pruebas científicas suficientes sobre la fiabilidad de dicho cálculo ni información sobre los elementos utilizados para el cálculo” o se comparan con otros vuelos o compañías en términos de emisiones de CO2, “sin facilitar información suficiente y exacta sobre los elementos de la comparación”.

LUCHA CONTRA EL «ECOPOSTUREO»

En este punto, el Ministerio señaló que el “objetivo” de la Dirección General de Consumo, a través de esta acción coordinada, es “contribuir” a la “lucha” contra el «ecopostureo», eliminando lo que consideró un “obstáculo para la transición verde” y “garantizando” que los consumidores dispongan de una información medioambiental “clara y veraz que les permita tomar decisiones informadas”.

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En la misma línea, hizo hincapié en que la Secretaría General de Consumo y Juego presentó el pasado 15 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la guía de comunicación medioambiental del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dirigida a las empresas españolas para “fortalecer” su conocimiento sobre cómo proporcionar información medioambiental a los consumidores cumpliendo con la legislación vigente.

Esta guía persigue el “triple objetivo” de “reforzar” la protección de los consumidores, “especialmente los más vulnerables”, así como “mejorar la confianza de los consumidores en las afirmaciones y distintivos medioambientales y garantizar una competencia leal entre empresas”.

En el mismo acto, el Ministerio de Pablo Bustinduy dio cuenta del inicio de la tramitación de la Ley de Consumo Sostenible, que regulará “de manera concreta y exacta” las prácticas comerciales de «ecopostureo».


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