Uno de los acusados dice que retiró el efectivo de las cuentas por «pánico» a la crisis bancaria
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha elevado ligeramente las penas interesadas para los empresarios Jesús Salazar y Francisco Blázquez por cobrar de Hacienda más de dos millones de euros en una devolución de IVA por dos operaciones inmobiliarias que el Ministerio Público ha calificado de «ficticias», en la última sesión del juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia Nacional por esta pieza separada del llamado caso ‘SOS’.
El objeto de este juicio son los más de 2,5 millones de euros que Hacienda devolvió en 2011 a Ddal Inversiones –empresa de la que primero Salazar y después Blázquez fueron administradores únicos–, por el IVA derivado de la compra en 2006 al Grupo SOS de dos terrenos: uno en Sueca (Valencia) y otro en Pilas (Sevilla) por 4,1 y 14,9 millones de euros, respectivamente.
La Fiscalía ha mantenido la acusación contra Salazar y Blázquez por presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y contra Hacienda por una presunta devolución indebida de IVA, si bien ha elevado un día la pena de este último para que concuerde con la mitad superior –tres años y un día–, y ha aumentado la multa solicitada por el de lavado de dinero, de 2,1 a 2,4 millones de euros.
Además, el Ministerio Público ha solicitado de manera subsidiaria condenar a Blázquez por otro delito contra Hacienda alegando que no habría liquidado correctamente el IRPF de 2011, al no declarar el dinero que habría sustraído de las cuentas bancarias a las que fue a parar el IVA devuelto por el fisco, una cuota que ascendería a 700.000 euros. Por ello, interesa una pena de tres años y una multa de 280.000 euros.
Así, la petición inicial del Ministerio Fiscal para cada uno de ellos –de 8 años de cárcel, una multa de más de 12 millones y otros 2,4 millones para indemnizar a la Agencia Tributaria– apenas varía.
La Abogacía del Estado, por su parte, ha incorporado igualmente la acusación subsidiaria contra Blázquez como autor de un delito contra Hacienda por no declarar correctamente el IRPF de 2011, al tiempo que ha retirado su acusación por el delito de insolvencia punible, asumiendo que no tiene legitimación para ello porque no estuvo personada respecto a los hechos en los que se basa.
OPERACIONES «FICTICIAS»
La fiscal ha dado por probado que Ddal Inversiones obtuvo esa devolución de IVA con «fraude de ley» porque su razón de ser eran unas compraventas «simuladas», unas operaciones «ficticias», en alusión a las transacciones inmobiliarias de Sueca y Pilas.
La defensa de Salazar ha sido especialmente combativa con la afirmación de que estos negocios no existieron, una asunción que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado han fundado en gran medida en los informes de los peritos de la Agencia Tributaria, que declararon en la sesión inaugural del lunes.
Este abogado ha calificado de «poco serio» el trabajo de la perito que concluyó que esta devolución del IVA habría sido «indebida» porque, al menos en el caso de los terrenos de Pilas, la compraventa no se habría completado porque únicamente constaban dos pagos que no cubrían el precio total de 14,9 millones de euros.
Ha echado en cara a la experta fiscal que opinó sin tener en cuenta la «realidad negocial», según la cual –ha contado– esos pagos fueron por el IVA de todo el importe de la compraventa, no por el principal de la misma, por lo que ese IVA se devengó, soportó y se tenía derecho a la devolución. «Luego, la Agencia Tributaria sufre perjuicio cero», ha enfatizado.
En cualquier caso, ha señalado, el daño habría sido para el Grupo SOS, actual Deoleo. Y, a este respecto, ha explicado que se llegó a un acuerdo extrajudicial en 2020 por el que se pactó la resolución de ambas compraventas –Sueca y Pilas– y, como compensación a la mercantil vendedora, Ddal Inversiones aceptó devolver los terrenos y que la otra parte se quedara el dinero percibido hasta ese momento, más de 8,5 millones de euros.
LA RUTA DEL DINERO
La fiscal también ha considerado probado que esos 2,5 millones procedentes de las arcas tributaruas se diluyeron a través de una serie de transferencias bancarias que parten de Ddal Inversiones y recorren un «entramado societario» de «empresas pantalla» vinculado a ambos acusados, a los que habría revertido el dinero.
Las acusaciones han atribuido a Blázquez el papel de mero ejecutor, puesto que fue quien hizo las transferencias bancarias e incluso retiradas en efectivo de dinero, si bien se han mostrado convencidas de que toda la maniobra estaba bajo el «dominio» de Salazar.
Blázquez, en su declaración de este martes, ha confirmado que llevó a cabo esos movimientos de dinero, pero ha matizado que habrían sido préstamos personales que habría recibido de Ddal Inversiones y que devolvió íntegramente en 2017. «Están perfectamente documentados», ha aseverado a preguntas de su abogado.
Interrogado sobre las retiradas de efectivo, el que fuera administrador único de la gestora inmobiliaria ha relatado que tenía «pánico» a la crisis bancaria de esos años, que «se iba agudizando poco a poco». «En aquel momento todo podía pasar (…), podías perder el dinero de un día para otro», ha recordado.
Por su parte, la defensa de Salazar ha insistido en que desde el 30 de mayo de 2009 ya no tenía lazo alguno con Ddal Inversiones. En su declaración, el empresario expuso que adquirió todas las acciones por 121 euros ese 28 de mayo y dos días después se las vendió a Blázquez por 75.000. Todo, dijo, porque su hermano Jaime –hasta entonces administrador– le pidió que interviniera hasta encontrar a la persona adecuada para gestionar la mercantil, algo que hizo en 48 horas.
De esta forma, el abogado ha intentado desvincular a Salazar del presunto alzamiento de bienes, al que las acusaciones le unen porque la venta de acciones no se elevó a escritura pública hasta 2011 y fue en ese ínterin cuando los 2,5 millones del IVA devuelto «desaparecieron», en palabras de la fiscal. «¿Qué pruebas hay de que ha participado en los actos de disposición (…)? Ninguna, solo se le sospecha, que está detrás, que es el urdidor. Pruébenlo», ha espetado el letrado.
VISTO PARA SENTENCIA
En cualquier caso, las dos defensas han exigido la absolución de sus clientes por considerar que todos los delitos fiscales imputados a sus clientes han prescrito o tienen efecto de ‘cosa juzgada’ porque se fundarían en hechos ventilados en la causa principal de la que procede esta pieza separada.
Los hermanos Jesús y Jaime Salazar evitaron el juicio por el caso ‘SOS’ con un acuerdo de conformidad por el cual reconocieron delitos de administración desleal y estafa, entre otros, aceptando penas de hasta un año y medio de cárcel y devolver a Deoleo entre 8 y 12 millones, para compensar los 230 millones que habrían desviado de SOS-Cuétara –como presidente y vicepresidente, respectivamente– hacia un entramado societario propio, según cálculos de la Fiscalía.
Aún estaba pendiente de juicio la pieza separada, donde solo han sido juzgados Jesús Salazar y Blázquez, y que este martes ha quedado visto para sentencia tras dos sesiones.
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