MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Asociaciones feministas coinciden en reclamar garantías para que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se pueda realizar con profesionales en hospitales y centros públicos.
La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid defiende que la objeción de conciencia «no puede ser un impedimento para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder a una prestación sanitaria» que, como esta, «está recogida en la ley».
A su juicio, el personal médico que se encuentra en un servicio médico público, que debe informar y realizar IVE, «no puede objetar» y pone el foco en la administración pública que es, apunta, la que debe «garantizar que siempre exista personal sanitario no objeto en este servicio».
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres también cree que para garantizar el acceso de las mujeres al aborto en centros públicos hay que asegurar que en estos centros haya profesionales no objetores. Esto evitaría, explica a Europa Press, que se derive a las mujeres a centros privados cuando reclaman su derecho a una IVE.
Esta plataforma, además, pide que no se use esta reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo para «validar identidades». Es decir, que el texto «no incluya expresiones como ‘personas gestantes’ para referirse a las mujeres».
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