MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Profesionales y expertos del sector audiovisual han reclamado equilibrio para los operadores, un marco común estable y un regulador independiente y con recursos para velar por el cumplimiento de la normativa audiovisual, que debe aprobarse «con urgencia».
La nueva ley audiovisual incorporará al Derecho español la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (2018) que extiende la regulación que hasta ahora existía para la radio y la televisión a los servicios y contenidos audiovisuales de internet, en especial las plataformas para compartir contenidos (redes sociales) y de vídeo a la carta (Netflix, HBO Max, Movistar+).
En una jornada organizada por la Universidad Villanueva, el director del Área de Políticas Audiovisuales, Servicio Público e Internacional de RTVE, Ángel García Castillejo, ha puesto el acento en la inestabilidad de la financiación del servicio público de televisión, que, a su juicio, parece mantener el texto de la nueva ley, en el que se exonera a los operadores de telecomunicaciones del servicio audiovisual de las obligaciones de financiación y aparecen como nuevos contribuyentes las plataformas de vídeo.
«La situación, por lo que conocemos del anteproyecto, no está bien resuelta y sigue insistiendo en un modelo que no garantiza la financiación del servicio público», ha dicho García Castillejo, quien desea: Que la nueva norma permita «cumplir con la Directiva, pero que vayamos mas allá, para solventar las deficiencias que se han visto en los últimos años, que ganemos en independencia y dispongamos de un regulador independiente y con recursos, que encontremos equilibrio para todos los operadores con simetría para imponer obligaciones, independientemente de la forma de difusión».
Por su parte, el director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales en Atresmedia, Miguel Langle Barrasa, ha subrayado que «se planteó, en principio, que se fijaran las mismas reglas para todos, pero parece que no se ha conseguido». «La Directiva acertó a medias porque impuso sólo una parte de las obligaciones, generó diferencias y entendemos que deben ser las mismas para todos», ha manifestado.
En el caso español, Langle ha señalado que se ha añadido «el incremento de la obligación de financiación anticipada en autores independientes, la diferencia de tributación según los actores, la protección de menores solo para televisiones en abierto pero no de pago y cambios en el régimen sancionador, que ahora salta a un modelo que fija sanciones con un porcentaje de los ingresos, lo que puede elevar mucho las sanciones».
Ana Abade, analista senior de Políticas Públicas en Google España y YouTube, ha defendido la necesidad de fórmulas diferentes: «No somos todos iguales». En concreto, ha puesto como ejemplo de esta diversidad la forma de protección a los menores en YouTube, «muy diferente a la de las televisiones». «Nuestra plataforma usa algoritmos con filtrados masivos y monitorizaciones de la plataforma para velar por los contenidos, pero no puede haber una persona que revise todos y cada uno de los vídeos, porque se suben 500 horas de vídeo cada minuto. Imponer las mismas normas de la televisión a YouTube no es viable», ha manifestado.
Respecto a los impuestos, Abade ha dicho que la plataforma ha trasladado al Gobierno su intención de contribuir en la financiación de la televisión pública, pero teniendo en cuenta que: «nosotros ya pagamos impuestos por publicidad digital, la Tasa Google, por lo que ya aportamos un 3% y ahora quieren hacernos pagar una doble imposición fiscal, un 1,5% adicional».
FOCO EN LOS CONTENIDOS
Diego de la Vega, abogado IP/IT en Pérez Llorca y representante de la Asociación Española de Video On Demand (AEVOD) ha afirmado que el retraso en la aprobación de la nueva ley está provocando consecuencias reales, también económicas, y ha puesto de manifiesto las diferencias de criterio existentes entre distintas leyes. «Hay un criterio en la ley audiovisual y otro diferente en la Ley de Cine y eso genera una grandísima distorsión y hace que dejemos de lado aspectos importantes», ha declarado, al tiempo que ha reclamado que se ponga el foco en los contenidos, independientemente de la forma en que se emitan y ha concluido que hasta que no se apruebe la nueva ley y no se conozcan los detalles «el posicionamiento no puede ser definitivo».
Por su parte, Carmen Fuente Cobo, profesora titular de Periodismo y miembro del Consejo Asesor de IcMedia, ha citado los cuatro puntos que considera fundamentales en el marco regulatorio: la protección de la identidad cultural (europea, nacional y local), la defensa de la dignidad para que no exista discriminación, la protección de la infancia y el pluralismo. «Me parece una ley ambiciosa en el planteamiento general -ha explicado-, pero luego es poco concreta respecto a qué significa el empoderamiento de audiencias». Para Fuente, otra gran carencia de la nueva ley «es la del organismo regulador, porque la reivindicación de una autoridad competente y capaz de velar por los intereses de todos se viene reclamando desde hace tiempo».
En este punto ha coincidido con Borja Adsuara Varela, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital y profesor de la Universidad Villanueva, que ha moderado el coloquio, y se ha preguntado si «el consejo regulador debe ser un ente próximo a la censura, que diga lo que se puede o no se puede ver, o si debe ser un organismo sancionador, que vigile si se ha etiquetado bien el contenido.
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