El tribunal escuchará en mayo las deliberaciones finales sobre la masacre y la ola de violaciones cometidas por las fuerzas de Dadis Camara
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El tribunal especial que juzga la masacre cometida por las fuerzas de seguridad guineanas en 2009 contra una multitud de manifestantes opositores en el Estadio 28 de Septiembre de la capital, Conakry — una matanza que costó la vida a más de 150 personas, acompañada de una ola de violaciones a más de un centenar de mujeres — escuchará el próximo 15 de mayo las deliberaciones finales de un caso sobre una tragedia que supuso un punto de inflexión en la conciencia de la población del país africano.
La masacre tuvo lugar precisamente un 28 de septiembre en el estadio del mismo nombre, en conmemoración del día de 1958 que Guinea votó ‘no’ en el referéndum constitucional sobre su pertenencia a Francia, prolegómeno de su histórica independencia.
En torno a las 11.30 de la mañana, las decenas de miles de personas concentradas en el estadio para exigir la dimisión del entonces presidente del país, el capitán golpista Musa Dadis Camara, que había asumido el poder por la fuerza un año antes, fueron rodeadas por cientos de integrantes de fuerzas de seguridad guineanas, que procedieron a abrir fuego indiscriminado contra la multitud antes de cerrar el estadio para impedir el acceso de los manifestantes del exterior.
Tras la masacre, las fuerzas de seguridad guineanas iniciaron una campaña de violaciones a más de un centenar de mujeres tanto en el interior del estadio como durante la operación de barrido que efectuaron en los días siguientes en los distritos de los que procedían los manifestantes. Cuatro mujeres fueron ejecutadas tras unas agresiones particularmente brutales, en las que las fuerzas de seguridad llegaron a emplear objetos punzantes, como bayonetas.
En suma, Dadis Camara y una decena de ex militares y funcionarios gubernamentales están acusados del asesinato de 156 personas y la violación de al menos 109 mujeres, cifras validadas por Naciones Unidas si bien supervivientes de la masacre están convencidos de que el número de muertos es mucho mayor porque las fuerzas de seguridad guineanas, y en particular los sanguinarios «boinas rojas», la guardia pretoriana de Dadis Camara, dedicaron días a trasladar cadáveres a fosas comunes, muchas de las cuales siguen ilocalizables.
Dadis Camara se encuentra ahora en prisión tras años de exilio en Burkina Faso. Durante años, el gobierno guineano había intentado impedir el regreso de Camara, temiendo que pudiera avivar la inestabilidad política. Sin embargo, otro golpe de Estado en septiembre de 2021 puso en el poder a una junta militar guineana dirigida por Mamadi Doumbouya, más favorable al retorno del golpista.
Tras escuchar las deliberaciones finales, el tribunal encargado de juzgar la masacre dictará sentencia contra los acusados y, además, se pronunciará sobre la petición de la acusación y los representantes de los supervivientes y familiares sobre si declara finalmente la masacre como un crimen contra la Humanidad.
La defensa, recuerda la ONG Human Rights Watch (HRW) argumenta que la reclasificación daría lugar a una aplicación retroactiva de la ley, ya que los crímenes contra la humanidad se incorporaron a la legislación de Guinea después de que se alegara que se habían cometido los actos en cuestión.
Sin embargo, la Fiscalía y las partes civiles señalaron la ratificación por parte de Guinea en 2003 del estatuto del Tribunal Penal Internacional, argumentando que, debido a la ratificación, los crímenes contra la Humanidad eran parte de las obligaciones legales internas de Guinea en ese momento.
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