MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo de Colombia ha condenado este jueves a casi ocho años de prisión al exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos por asociación con grupos paramilitares entre 2001 y 2007, que financiaron sus campañas, mientras que ha quedado inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.
En concreto, el fallo del tribunal apunta a que Ramos se asoció «con organizaciones paramilitares por varios años», acrecentando el «creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar».
El Supremo ha establecido que el exgobernador recibió dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de los hermanos Carlos y Vicente Castaño no solo para financiar las campañas, sino que también para comprar votos a su favor a cambio de «interceder» para que estos pudieran pasar desapercibidos a las fuerzas de seguridad del país.
En este sentido, Ramos ha sido condenado por «sus coaliciones con las organizaciones al margen de la ley (…) con el fin de promocionarlas y asirse de ellas para obtener sus fines electorales».
Para el Supremo no hay duda de que «los acuerdos a que llegó el acusado con comandantes de grupos de autodefensas, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado y a la Gobernación de Antioquia», fueron «a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007».
Además, en la sentencia también se le acusa de interferir en las negociaciones entre los paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz para beneficiarlos, algo que finalmente permitió su desmovilización en 2006.
La prueba de esta interferencia sería una reunión que mantuvo Ramos con ex jefes paramilitares, entre ellos alias ‘Ernesto Báez’ y ‘Julián Bolívar’, una reunión en que la que él mismo confesó haber estado con la finalidad de conocer las intenciones de los paramilitares en calidad de miembro del Congreso, ya que ocurrió durante su etapa como senador.
Sin embargo, para el tribunal «los hechos demostrados sobre el origen y objeto de la reunión, la escogencia del procesado para asistir a la misma, dada su condición de Congresista amigo de las AUC y los señalamientos de integrantes de las autodefensas sobre apoyos previos, así como su cercanía con algunos dirigentes de la organización al margen de la ley, confluyen para estructurar la asociación para delinquir».
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