MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por desacato en el marco de una investigación por corrupción, ha apelado este martes la decisión de la Comisión Electoral del país de excluirle de las elecciones generales convocadas para el 29 de mayo.
La formación política uMKhonto weSizwe (Lanza de la Nación), que asume su nombre de la disuelta ala paramilitar del gubernamental Congreso Nacional Africano (ANC), fundada por Nelson Mandela, ha presentado varias razones por las que se opone a la medida de la autoridad electoral, entre las que incluye que el órgano ha ido más allá de su autoridad para eliminar individuos de la lista de candidatos.
El partido ha considerado que Zuma no ha hecho nada malo (al haber sido condenado por desacato, que equivale a delito civil, y no por un delito criminal) y tiene derecho a presentarse como su candidato en las elecciones, argumentando que la Comisión Electoral carece de competencia para decidir quién puede estar en la lista de candidatos para competir por los escaños del Parlamento.
“(La Comisión) carece del poder, jurisdicción y/o autoridad para implementar el artículo 47 de la Constitución que trata de regular la composición de la asamblea nacional. Ese poder reside en la propia Asamblea Nacional”, ha argumentado la formación en los documentos judiciales, según recoge el portal de noticias sudafricano IOL.
Ahora el tribunal electoral deberá tomar una decisión definitiva la semana próxima, si bien el presidente del mismo, Mosotho Moepya, ya dijo que la ley dejaba claro que una persona que ha sido condenada y ha cumplido más de un año de prisión sin opción a multa no podrá participar de los comicios. “Una inhabilitación en virtud de este párrafo finaliza cinco años después de que se haya cumplido la sentencia”, dijo la semana pasada.
Zuma, que dimitió en 2018 asediado por una batería de escándalos y que posteriormente fue condenado por desacato en el marco de uno de los procesos por supuesta corrupción abiertos contra él, ha criticado duramente a su sucesor, Cyril Ramaphosa, acusándole de no atajar las crisis que atraviesa el país.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana –figura equivalente al Defensor del Pueblo– Thuli Madonsela titulado ‘La captura del Estado’.
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