MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El exministro de Sanidad de Vietnam Nguyen Thanh Long y otras 37 personas imputadas en el mismo caso han acudido este miércoles al juzgado con motivo del inicio del juicio en su contra por aceptar supuestamente sobornos y estar detrás de la presunta producción y distribución de test de COVID-19 a precios excesivos durante la pandemia.
El escándalo, conocido en el país asiático como ‘Viet A’ por la empresa encargada de la fabricación de los test, salpica a decenas de funcionarios que habría facilitado acuerdos millonarios para suministrar estos kits a hospitales y autoridades locales a precios inflados.
Los acusados han acudido a un juzgado de Hanói, la capital del país, encapuchados y escoltados por la Policía, según informaciones del diario online vietnamita VnExpress. El exministro, por su parte, ha sido acusado de recibir sobornos valorados en 2,25 millones de dólares (unos 2 millones de euros) mientras que el ahora exalcalde de Hanói Chu Ngoc Anh, también imputado, ha sido acusado de «violar la normativa sobre la gestión de activos estatales».
El caso ha llevado a la detención de un centenar de altos cargos y funcionarios en todo el país desde que comenzó la investigación. Se estima que la estafa asciende a los 172 millones de dólares (unos 157 millones de euros). La empresa dijo haber producido 8,7 millones de kits durante la pandemia, la mayoría de los cuales fueron suministrados a centros médicos.
La semana pasada, el director general de la empresa, Phan Quoc Viet, fue condenado a 25 años de prisión por abuso de poder y violación de la normativa sobre licitaciones. Ahora, se enfrenta a nuevas acusaciones en el marco de este nuevo juicio. En 2022, tres altos cargos fueron condenados a cadena perpetua y decenas más a largas penas de cárcel por sobornos en relación con los vuelos de repatriación.
El escándalo, que ha sido aplacado por el secretario general de Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, llevó incluso a la caída del presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, que asumió la responsabilidad política por las «deficiencias» de los funcionarios, tal y como afirmó entonces el partido.
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