MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Congreso debate mañana 23 de abril una moción consecuencia de una interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Vox en la que la formación pide al Gobierno un Plan Nacional del Agua con la incorporación de interconexión de cuencas, modernización de sistemas de riego, mejoras en el abastecimiento y saneamiento de aguas urbanas y programas de prevención de incendios.
En concreto, Vox explica que «las cuencas españolas disponen de recursos hídricos suficientes para satisfacer las necesidades de los españoles» y critica que «ningún gobierno nacional» haya promovido un proyecto «unificador» en cuanto a gestión hídrica. Por ello, pide un Plan Nacional del Agua para «coordinar los planes de cuenca y regular las transferencias de recursos hídricos entre territorios».
Además, el Grupo Parlamentario de Vox insta en la moción a la que ha tenido acceso Europa Press a revisar el Convenio de Albufeira con Portugal y afirma que España está enviando al país vecino una media de 6.616 hectómetros cúbicos (hm3) del Tajo cuando debería enviar 2.700 hm3.
Por otra parte, Vox pide crear un Plan Nacional de Regadíos que priorice la modernización de infraestructuras para garantizar la eficiencia en el uso del agua y la energía, ya que el regadío «es un instrumento para fijar población en zonas rurales». A su vez, exige eliminar la cesión temporal de los derechos entre regantes, así como simplificar las labores burocráticas para la validación administrativa de esta figura.
Asimismo, exige acabar con la demolición de las infraestructuras hídricas existentes y analizar su estado actual para establecer un plan de restauración y mantenimiento de las mismas. De esta manera, también insta a fomentar la construcción de nuevas infraestructuras hídricas dentro de las conferencias hidrográficas que aseguren el suministro de agua para todos los españoles, especialmente en las regiones históricamente afectadas por la sequía.
Por último, pide denunciar y rechazar ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y toda la normativa derivada del mismo y propone revertir todas las políticas implementadas como consecuencia de su aprobación, dado su «impacto directo en los intereses y el bienestar de los españoles».
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