Critica el sesgo retrospectivo de las revisiones sobre tasaciones y acreditados de los peritos del Banco de España
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El auditor de PricewaterhouseCoopers (PwC) José María Sanz Olmeda, que coordinó las auditorías de las cuentas anuales del Banco Popular entre los años 2009 a 2015, ha defendido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas irregularidades contables cometidas en 2016 en la entidad la veracidad de los cálculos.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en su declaración ante el magistrado José Luis Calama, que se ha extendido más de cuatro horas, Sanz Olmeda ha asumido y defendido el trabajo realizado por PwC tanto en materia contable como en el procedimiento seguido para llevar a cabo las tasaciones del banco.
En este contexto, el auditor habría criticado el sesgo retrospectivo de las revisiones sobre tasaciones y acreditados de los peritos del Banco de España. Según Sanz Olmeda, la revisión de la calidad de los activos realizada por el BCE en 2014 con la colaboración de Deloitte ya tuvo en cuenta los acreditados que se examinaron posteriormente en la inspección.
El responsable de PwC ha esgrimido asimismo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 que no cabía aplicación retrospectiva alguna de la circular 4/2016, por lo que el Consejo del Banco Popular habría contabilizado bien los cálculos.
NO DETECTARON DEFICIENCIAS EN LAS TASACIONES
Sanz Olmeda, según las citadas fuentes, habría explicado que su interlocutor era normalmente el interventor y que nunca tenía reuniones con el Consejo de Administración ni con el entonces presidente del Popular, Ángel Ron. El único encuentro que mantuvieron, ha añadido, fue antes de que el Supremo dictase una sentencia referida a las cláusulas suelo.
En relaciones a las tasaciones, el auditor ha indicado que PwC utilizó criterios comunes y análogos a los que siguió con otros de sus clientes. Así, ha señalado que eran las tasadoras las que se encargaban de esas gestiones a través de expertos técnicos independientes, que no intervenía el banco ni el auditor y que no detectaron deficiencias en las tasaciones de la entidad.
Por último, Sanz Olmeda ha sostenido que en ningún momento hubo requerimiento alguno de PwC o de los supervisores que el Banco Popular no cumpliese.
UNA DECLARACIÓN CLAVE
La declaración de Sanz Olmeda llega después de que el juez aceptase la petición de varias acusaciones particulares y, con el bueno visto de Fiscalía, accediese a llamarle a sede judicial. En un auto, el magistrado explicaba que «la ardua y compleja instrucción practicada» ha ido perfilando unos hechos que con carácter provisional permiten afirmar que «las cuentas anuales del año 2015 del Banco Popular ocultaban un déficit de provisiones generado por el incumplimiento consciente de las normas contables contenidas en el anejo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España».
Así las cosas, el magistrado recordaba en ese auto que fue PwC la firma auditora del Banco Popular durante los años 2015 y anteriores y que José María Sanz Olmeda fue el máximo responsable de la auditora en la planificación y ejecución de los trabajos de auditoría en dicha entidad financiera desde 2009 a 2015.
«De lo hasta ahora instruido, se puede afirmar que los auditores de PwC no detectaron las importantes carencias de provisiones originadas por una anómala clasificación crediticia-desde la óptica del riesgo- y por una gestión contable de los activos adjudicados, que, en buena parte, se apartó del cumplimiento del referido anejo IX de la Circular 4/2004», apuntaba entonces Calama.
Cabe recordar que el juez Calama recientemente solicitó una nueva ampliación de informe a los peritos del Banco de España Teodoro Fernández y Álvaro López después de que surgieran una serie de dudas en su declaración en sede judicial. Fuentes jurídicas han señalado que el magistrado todavía se encuentra a la espera de recibir este documento.
Estos movimientos se enmarcan en la causa en la que el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
- Te recomendamos -
