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Corea del Sur impone sanciones al sector marítimo de Corea del Norte por presunto contrabando de petróleo y productos

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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno surcoreano ha anunciado este miércoles sanciones contra once buques y cinco individuos y entidades vinculados al sector marítimo de Corea del Norte por su supuesta transferencia ilegal de petróleo y otros productos que se utilizan para los programas nucleares.

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha indicado que este tipo de sanciones, que son las primeras en casi ocho años, son parte de los esfuerzos para desalentar la adquisición ilícita de recursos y financiación para los programas nucleares y de misiles que llevan a cabo las autoridades norcoreanas.

Las embarcaciones sancionadas, anteriormente señalados por un panel de expertos de la ONU ante el comité de sanciones del Consejo de Seguridad, son Nam Dae Bong (anteriormente Diamond 8), New Konk, Unica, Xing Ming Yang 888, Subblic, A Bong 1 (antes Heng Xing), Kyong Song 3 (antes Anni), Liton, A Sa Bong (antes Hai Jun), Gold Star y Athena, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

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Las autoridades sospechan que estos buques están involucrados en el supuesto contrabando de petróleo refinado y carbón, y el suministro, venta y transferencia de mercancías hacia y desde Corea del Norte. Algunos de estos barcos fueron sancionados por la Unión Europea en 2022.

Además, las sanciones también se aplican a dos ciudadanos norcoreanos. El primero de ellos es Pak Kyong Ran, empleado de Korea Paek Sol Trading Corp, y sospechoso de comprar embarcaciones usadas y llevar petróleo a territorio norcoreano. El segundo sancionado es Min Myong Hak, ejecutivo de Risang Trading Com, que está involucrado en el envío de trabajadores y transferencias entre barcos.

Esta última empresa ha sido también sancionada, así como la compañía Mangang Trading Co. y Yua Trading Co. Estas medidas hacen que se requiera una aprobación especial de las autoridades surcoreanas para ingresar a un puerto del país, mientras que las personas y entidades tienen prohibido realizar transacciones financieras a menos que obtenga una aprobación previa del regulador financiero.

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