LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias asumirá a partir de ahora las competencias en materia de evaluación ambiental solicitadas por los ayuntamientos de Arico, en Tenerife, y Tejeda, en Gran Canaria.
Así se ha acordado este lunes el Consejo de Gobierno en sendos decretos, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa. Esta es una opción contemplada en la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias a la que pueden acogerse de manera temporal los municipios que no dispongan de recursos personales y materiales para la constitución de un órgano ambiental propio.
Al respecto, el consejero regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha indicado que ya son 29 los municipios que se han acogido a esta medida, que apuntó está a «plena disposición» de su departamento para actuar como principal aliado de ayuntamientos y cabildos en la ordenación del territorio.
Miranda explicó que la cooperación entre administraciones «resulta imprescindible» para conseguir desbloquear la gestión del planeamiento en las islas, «tan necesaria y urgente para avanzar» en el desarrollo económico, la creación de empleo, la construcción de viviendas y garantizar unas infraestructuras y servicios públicos de calidad.
En cuanto a Tejeda, la consejería asume a través de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental la competencia para evaluar de forma ambiental y estratégica los instrumentos de ordenación urbanística de competencia municipal, de la ordenación pormenorizada del planeamiento general del municipio y de las modificaciones menores de esta ordenación.
En este caso, «no comprende la competencia de evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural del Plan General de Ordenación, ni de la modificación sustancial del mismo», ya que esa competencia es autonómica por la Ley del Suelo.
El acuerdo aprobado recoge también una determinación similar para el Ayuntamiento de Arico, con la delegación en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el consistorio.
El consejero canario de Cohesión Territorial dijo que «no» se pueden quedar «de brazos cruzados mientras otras administraciones tienen problemas para impulsar sus planteamientos por falta de medios y personal especializado», subrayando que el Gobierno de Canarias «quiere dar un paso al frente y terminar con esta situación».
Finalmente Miranda matizó que su departamento ha decidido impulsar la oficina de apoyo técnico a los municipios y ha recuperado las subvenciones para el desarrollo de planes generales por importe superior a los dos millones de euros, «que llevaban dos años sin convocarse».
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