MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Asociaciones de la industria del juego privado y la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) han firmado este lunes un acuerdo estatal en favor de la protección del empleo en las empresas del sector del juego de azar y las apuestas.
Desde el sector empresarial, han suscrito el acuerdo José Vall Royuela, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR); Fernando Henar, presidente de la Confederación Española de organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ); Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), y Jesús Serrano, secretario técnico de la Federación Española de Juegos de Bingo y Azar (FEJBA).
Por parte de UGT –sindicato mayoritario en el sector de juego– han refrendado el documento Miguel Ángel Rodríguez, secretario estatal de Juego de UGT; y Omar Rodríguez Cabrera, secretario sectorial federal de Hostelería y Turismo en UGT.
Según ha informado el sindicato, en el acuerdo, las partes manifiestan su compromiso de colaboración para «proteger y asegurar que la actividad del juego siga siendo una oferta de ocio seguro, responsable y sostenible, y que a su vez proporciona empleo estable a miles de familias».
En este sentido, ha indicado que ANESAR, CEJ, CEJUEGO, FEJBA y UGT «están de acuerdo y comparten las medidas normativas basadas en la promoción de buenas prácticas del juego», pero se muestran «preocupadas por las decisiones que se están abordando en todo el territorio español, que afectan de forma directa a la sostenibilidad de la actividad y sus puestos de trabajo, e incluso criminalizan a sus miles de profesionales».
Según destacan, la industria da empleo a 260.000 personas –85.000 empleos directos y 175.000 indirectos–, de los que casi 50.000 están vinculados a la hostelería. El negocio del juego supone un 0,38% del PIB, 326 millones de euros en cotizaciones sociales, y genera unos impuestos de 1.789, en base a las cifras del último año.
«No podemos admitir nuevas normativas que contemplen la idea de cerrar establecimientos en funcionamiento y que cumplen con la legalidad vigente, no solo por el fuerte daño que representaría en materia de empleo, directo e indirecto, sino también porque sería aceptar un hito sin precedente alguno en nuestra democracia que va en contra de nuestros principios constitucionales. Necesitamos defender nuestro sector y asegurar a todas las familias que trabajan en él una estabilidad laboral», ha dicho Landaluce.
Para Omar Rodríguez, «la regulación del sector permite conciliar los intereses de todas las partes, con especial atención a aquellos colectivos sociales más vulnerables». «Proteger el empleo es una prioridad fundamental de este acuerdo y es absolutamente compatible con el resto de marcos regulatorios y sociales», ha afirmado el representante de UGT.
ANESAR, CEJ, CEJUEGO, FEJBA y UGT se muestran de acuerdo en establecer medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables, como son menores y personas que pudieran presentar un desorden con la actividad, «entendiendo que la solución pasa por medidas que afecten de forma homogénea a la oferta de juego pública y privada, y que atiendan a la realidad de la industria».
El acuerdo firmado solicita a los responsables políticos, tanto a nivel nacional como autonómico, «el máximo respeto a la labor que realizan los miles de trabajadores y trabajadoras que forman parte de este sector, que cumplen su función con los máximos valores éticos y profesionales».
Igualmente, piden que se incluya al sector del juego dentro de los planes de ayudas de las administraciones públicas destinados a paliar los efectos del Covid-19, y que cualquier medida que tenga impacto en el empleo «se establezca tras el consenso entre todos los actores que forman parte de la industria del juego, con la intención siempre de evitar el cierre de establecimientos ya abiertos, e impedir así la pérdida de puestos de trabajo».
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