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Soler presenta el nuevo Visor Presupuestario para hacer accesible y más transparente la gestión de la Generalitat

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El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha presentado hoy en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de las Corts Valencianes el nuevo Visor Presupuestario, una herramienta informática que estará disponible a partir de este jueves a través de un enlace en la web www.gvaoberta.gva.es, con el fin de hacer más accesible y transparente a los ciudadanos la gestión de la Generalitat.

Soler, quien ha comparecido para informar sobre los datos de ejecución presupuestaria de 2017 y en lo que va de año, ha destacado que el Consell «está ejerciendo de locomotora de la inversión en la Comunitat Valenciana, con un incremento de la ejecución de 3,5 puntos respecto al año anterior».

«El Visor Presupuestario podrá ser consultado por cualquier ciudadano. Se trata de un espacio web navegable e intuitivo que mejora la visualización y facilita el acceso a la información de forma dinámica e interactiva», ha señalado Soler.

La herramienta permite, por primera vez, la consulta de los datos de gestión de la Generalitat de forma pormenorizada mediante motores de búsqueda que ofrecen datos concretos sobre evolución del gasto, así como sobre la ejecución tanto en cifras absolutas como por persona.

La puesta en marcha del Visor Presupuestario se hace en cumplimiento de los acuerdos para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2018 y que establece la implantación de medidas para que la información presupuestaria sea accesible, sencilla y comprensible para los ciudadanos. El pacto presupuestario, que recogía medidas de actuación del Consell en diversas áreas, «se está cumpliendo escrupulosamente», ha destacado el conseller Vicent Soler.

«El Visor Presupuestario nace de una necesidad democrática fundamental: que los ciudadanos conozcan el instrumento mediante el que se financian los servicios públicos, que no es otro que los Presupuestos. Queremos que las cuentas públicas sean realmente públicas», ha explicado Soler.

La mejor ejecución de los últimos años Vicent Soler ha explicado a la Comisión que, el Presupuesto de la Generalitat de 2017 se ejecutó en un 95,24%, es decir, 18.436 millones sobre un presupuesto definitivo de 19.357. «Ese porcentaje es el más alto de los últimos años y 1,8 puntos superior al de 2014, cuando fue del 93,44%», ha subrayado.

El conseller ha explicado que las inversiones ejecutadas directamente por el Consell y a través básicamente del sector público (Capítulo VI y VII) alcanzaron en 2017 los 792,7 millones ejecutados, frente a los 579 millones de 2016. «Esto supone en un solo un ejercicio 213 millones más en inversiones ejecutadas, un 36,8% más que el año anterior». La ejecución fue del 61,2%, casi 4 puntos más que en 2016 (57,5%).

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«La Generalitat se ha convertido en el verdadero motor de la inversión en la Comunitat Valenciana, de forma que la iniciativa pública está actuando como un revulsivo para la actividad económica», ha apuntado el titular de Hacienda.

La ejecución en 2018 crece 3,5 puntos En cuanto al ejercicio en curso, Soler ha destacado que según los últimos datos disponibles a 31 de mayo de 2018, el presupuesto global de la Generalitat está comprometido en un 79,19%, lo que significa que 16.088,5 millones de los 20.316,6 del presupuesto definitivo o actualizado (el presupuesto aprobado por las Corts más las modificaciones y remanentes) están ya en trámite de gasto. Esto supone un incremento de más de 1 punto respecto a 2017, cuando se alcanzaba el 78,07%.

Asimismo, se han reconocido obligaciones en estos cinco primeros meses del año por importe de 7.636 millones, lo que representa el 37,58% del presupuesto actualizado y una mejora respecto al ejercicio anterior de 3,55 puntos, cuando se situó en el 34,03%.

Respecto a las operaciones de capital (Capítulos VI y VII) el Consell tiene comprometidos (lo que significa obras adjudicadas o contratos firmados), inversiones directas y a través de su sector público por importe de 705 millones, el 52,1% del presupuesto definitivo, cifra que supone 64 millones más que los registrados en 2017.

En cuanto a las obligaciones reconocidas, la Generalitat ha ejecutado directamente y a través de su sector público inversiones por 248 millones, lo que supone el 18,31%, casi 3 puntos más que en el mismo periodo de 2017 (15,61%) , si bien esto se ha hecho sobre un mayor importe (56 millones más de inversión ejecutada hasta mayo, ya que en 2017 se realizaron 192 millones).

La cuarta autonomía con mayor grado de ejecución de inversiones Soler también ha comparado la ejecución presupuestaria de la Comunitat Valenciana con la de otras comunidades autónomas y ha destacado que, con los datos de abril, los últimos disponibles del ministerio, la valenciana es la cuarta con un grado de ejecución más alto de inversiones directas del Capítulo VI, «normalmente uno de los más complejos de ejecutar», ha apuntado el conseller. Con un grado de ejecución del 13,58% la Comunitat Valenciana superaba en más de 3 puntos a la media nacional (9,99%) y se situaba por encima de autonomías como Madrid (6,7%), Castilla y León (9,5%) o Canarias (4,2%).

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Respecto a las operaciones de capital (Capítulo VI y VII), la Comunitat Valenciana se situaba como la sexta con una mayor ejecución (11,54%) en el conjunto de autonomías, cuya media era del 8,98%. «Nuestra autonomía superaba, entre otras, a Galicia (11,52%), Castilla y León (9,60%), Madrid (5,76%) o Canarias (3,09%)».

«Cabe tener en cuenta que ese volumen de ejecución lo hemos alcanzado en la Comunitat Valenciana sobre un esfuerzo de gestión mucho más grande, ya que hemos incrementado las operaciones de capital ejecutadas un 21,35%, mientras que en el conjunto de autonomías el aumento ha sido solo del 1,80%», ha subrayado Soler.

Tres hitos en la regulación laboral del sector público En la misma comisión, el conseller ha comparecido para informar sobre la elaboración del anteproyecto de ley del Sector Público Instrumental de la Generalitat. Soler ha hecho un resumen del proceso y ha expuesto los últimos avances del Consell en la materia, que ha resumido en tres hitos principales.

En primer lugar, ha señalado que en 2016 se creó la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental, un foro de diálogo y transparencia permanente con representantes de la Administración y de los sindicatos, donde debatir cuestiones en materia de personal de forma coordinada para todo el sector público, algo que no existía en los últimos 20 años.

«En este foro se han alcanzado importantes acuerdos», ha señalado Soler, quien ha apuntado como segundo hito clave en la reforma del sector público el pacto para el establecimiento de criterios para la reducción de la temporalidad y la oferta de pública de empleo 2017-2019. Así, se ha emplazado al Consell a convocar el máximo de plazas que permita la ley de Presupuestos Generales del Estado con el fin de garantizar la seguridad en el empleo. Según las previsiones actuales, supondrá la convocatoria de más de 1.000 plazas en los próximos tres años mediante las correspondientes OPE.

El tercer hito que ha destacado Vicent Soler es el acuerdo del 22 de marzo por el que se fijaron instrucciones de cumplimiento obligatorio en relación a las convocatorias de plazas. «Es una regulación que permitirá acabar con el clientelismo y la arbitrariedad que existía en el pasado en el acceso del personal al sector publico. Implica que en el acceso a estos puestos se aplicarán los mismos principios y criterios que se exigen para el personal que quiere acceder a una plaza de funcionario en la Administración de la Generalitat», ha señalado.

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«Estos dos acuerdos de la Comisión del Diálogo Social son históricos porque acabarán con el ‘dedazo’ y la arbitrariedad en la contratación de personal en el sector público que dieron lugar en la anterior legislatura a auténticos árboles genealógicos familiares vinculados al anterior Gobierno», ha señalado Soler.

Asimismo, Soler ha anunciado que «la Comisión está trabajando en un acuerdo relativo a la aplicación de criterios generales para hacer transparentes y objetivas las bolsas para la contratación de interinos y temporales. Un acuerdo que formalizaremos la próxima semana». «Estos acuerdos a los que me he referido, una vez estén todos cerrados, se incorporarán al anteproyecto de ley de sector público instrumental», ha anunciado Soler.

Las RPT, casi al completo «Además, estamos realizando un enorme esfuerzo para que todas las entidades del sector publico instrumental tengan una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pautada y normalizada, con unas directrices homogéneas para todo el sector, algo que no cumplió el gobierno anterior aunque lo exigiera la ley», ha explicado el titular de Hacienda.

En estos momentos la gran mayoría de entidades públicas ya tienen una RPT informada y las pocas que quedan están en proceso de obtenerla. Al inicio de la legislatura sólo una entidad tenía aprobada su RPT, el IVF.

Además, se han aprobado desde junio de 2015 un total de 42 masas salariales de 32 entidades «para poner dentro de la legalidad las políticas salariales del sector público. Antes las retribuciones se gestionaban de forma desastrosa sin ningún marco normativo de referencia», ha apuntado Soler.

Ferrando pide suficiencia financiera Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha respondido en la comisión a una pregunta sobre la decisión del anterior Gobierno central de recortar en 353 millones las entregas a cuenta de 2018 y de supeditarlos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

«En enero de 2018, al no aprobarse los presupuestos, las entregas a cuenta se congelaron con los importes de 2017, con lo que dejamos de ingresar 353 millones. No es justo que el exministro Montoro cambiara las reglas a mitad de partido porque contamos con esa cantidad para elaborar el Presupuesto de 2018», ha lamentado la secretaria autonómica. Ferrando ha defendido que la suficiencia financiera de las comunidades tiene que estar al margen de la aprobación o no de los PGE y ha lamentado las trabas en los últimos años del anterior Ejecutivo cuando se le solicitaban anticipos de la liquidación.


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