El Consell ha presentado sus alegaciones al informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre los trabajos del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del sistema de financiación autonómico, en las que pretende corregir la «visión sesgada» y la omisión de amplios consensos en cuestiones clave por parte de las comunidades autónomas en el documento remitido por el departamento ministerial. En sus alegaciones, la Generalitat reprocha que el texto del ministerio describa «reiteradamente» las diferencias mientras «elude» señalar los «consensos muy mayoritarios» entre las autonomías en cuestiones como la garantía de la suficiencia, la exigencia de reequilibrio vertical de los recursos entre la Administración central y las CC AA, la simplificación del modelo o la compensación por los errores de aplicación del sistema entre 2009 y 2017.
Además, reprocha al ministerio que el documento sea «inexplicablemente inconcreto respecto a la posición de la Administración General del Estado en la mayoría de aspectos esenciales que requieren la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómica, incumpliendo esencialmente su principal finalidad: facilitar al Consejo de Política Fiscal y Financiera el debate y la toma de decisiones para la determinación de un nuevo modelo».
«Hemos hecho el trabajo que no ha realizado el Ministerio de Hacienda: Presentar un documento que recoja aquellas conclusiones que en el curso de los trabajos han tenido niveles de consenso muy mayoritarios y que no hay sido reflejado como tales, así como otras que, sin lograr esos apoyos amplios, sí han estado avaladas por una mayoría de comunidades. Y ello sobre los asuntos esenciales que han de configurar el nuevo modelo, algo que no ha hecho el Gobierno, que no ha realizado sus deberes», ha explicado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.
Así, las alegaciones presentadas ante el ministerio por los representantes de la Comunitat Valenciana en el CTPE, José Antonio Pérez y Rafael Beneyto, ponen en valor el «amplio acuerdo» y las «evidencias claras» que aportan los datos y que constató el Informe de los Expertos entregado en julio de 2017 sobre la insuficiencia financiera sufrida por las comunidades para atender los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y protección social en el periodo 2009-2015. Una insuficiencia que llegó a ser de 25.000 millones en algunos ejercicios y que en el último año liquidado, 2015, se situó en 16.500 millones. Esa brecha ha comportado una reducción del gasto en los servicios esenciales del 9%, que en el resto de competencias ha sido del 30%.
Por ello, «es imprescindible que el nuevo sistema permita cumplir el principio de suficiencia y que la capacidad de financiación de éste atienda, al menos, la cobertura del gasto real autonómico en salud, educación y protección social al nivel de las necesidades». Para ello, se debería recuperar como mínimo la brecha constatada en el último año liquidado y que fue de 16.500 millones.
Este objetivo de suficiencia «puede alcanzarse mediante una recuperación y/o ampliación de la participación real de las comunidades en los tributos compartidos, una ampliación de los tributos cedidos o un mayor volumen de transferencias verticales».
Reconsiderar el porcentaje de IRPF En este sentido, el documento también resalta que «existe un amplio consenso entre las comunidades sobre la necesidad de mejorar la autonomía financiera e incentivar la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades y, al mismo tiempo, contribuir al equilibrio vertical». «Para ello, es factible reconsiderar el porcentaje de participación de las Comunidades en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales y las posibilidades de cesión de nuevos tributos como vías que permitan ampliar el espacio fiscal de las Comunidades». Al respecto, cabe recordar que la propuesta de nuevo modelo del Consell plantea, entre otras cuestiones, que se amplíe la participación en el IVA del 50% al 70% y de los impuestos especiales, del 58% al 70%.
Igualdad de derechos al margen de donde se viva Asimismo, las alegaciones de la Generalitat hacen constar, a diferencia de lo que ha realizado el ministerio, que «hay una amplísima mayoría de comunidades autónomas de régimen común que considera que el nuevo sistema de financiación tiene que lograr una igualación plena en la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos y, por tanto, en los recursos asignados a cada una de ellas para su financiación, todo ello en términos homogéneos y normativos».
«Los ciudadanos tienen idénticos derechos y obligaciones con independencia de su lugar de residencia y de su capacidad fiscal, por lo cual el modelo en su conjunto debe garantizar la cobertura de todos los servicios a financiar, y no únicamente a los denominados fundamentales», prosigue el texto, que añade que «la nivelación plena es compatible con el criterio de ordinalidad y no excluye que pueda y deba existir espacio de decisión» de las comunidades ejerciendo la corresponsabilidad fiscal.
Para el Consell, «la modificación del modelo ha de permitir alcanzar de forma clara y sencilla un objetivo final: garantizar que cada unidad de necesidad tenga la misma financiación, con independencia de donde se localice el usuario de los servicios públicos. Si esta necesidad se midiera en función de la población ajustada, el sistema tiene que proporcionar idéntica financiación por habitante ajustado».
Evitar un cierre el falso de la reforma Y añde que «no perseguir este objetivo, ni convertirlo en la palanca de la reforma, sólo puede conducir a que, de forma inmediata tras la puesta en funcionamiento del nuevo modelo, se reproduzcan las críticas y las insatisfacciones ante su aplicación y se reactiven las propuestas para la realización de nuevas reformas en el sistema».
En el texto se indica que la corrección de la insuficiencia global de las comunidades permitirá paliar las desigualdades en financiación entre comunidades «sin que ello implique pérdidas absolutas de financiación de ninguna de ellas». «Con la ampliación de la suficiencia y la aplicación del principio de equidad plena es factible corregir la práctica totalidad de las inequidades existentes y, al mismo tiempo, respetar la financiación actual de todas las Comunidades de régimen común».
No obstante, si esta nivelación se realizara durante un periodo transitorio y resultara alguna diferencia para determinadas comunidades «se debería dotar un Fondo de Garantía del statu quo nominal financiado por una aportación estatal adicional» para corregirla.
Compensación de la deuda El documento presentado por el Consell también refleja que «más de la mitad de las comunidades presentes en el CTPE se han manifestado a favor de apoyar la compensación de una parte de la deuda autonómica, en base a que en buena medida en su origen no hay un exceso de gasto sino una insuficiencia de ingresos, circunstancia muy relevante para evaluar el riesgo moral de la compensación».
«El importe total a transferir para reducir el volumen vivo de la deuda a nivel individual sería un porcentaje igual para todas las Comunidades como consecuencia de la insuficiencia de recursos padecida para financiar los SPF en el periodo 2009-2016», señala el texto.
Y añade que «algunas comunidades discriminadas financieramente en el pasado han manifestado, adicionalmente, que de no producirse una compensación específica de su deuda, arrastrarán los efectos de la injusticia padecida y que no es realista pensar que estas comunidades sobreendeudadas puedan volver al mercado a medio plazo, teniendo en cuenta cómo funciona la industria financiera.»
De este modo, la compensación, para el Consell, se produciría en dos tramos; uno, general, para todas las autonomías, y un segundo, específico, para atender a las comunidades que han contado con menos recursos que la media y que, como la Comunitat Valenciana, han gastado por debajo del promedio. La Generalitat reclama al ministerio que todos los documentos aportados por las comunidades figuren como anexo del informe definitivo y presentará votos particulares a éste para detallar su posición concreta al respecto.
Otros aspectos contenidos en el documento de alegaciones hacen referencia a la reivindicación de las comunidades en el CTPE de que se desvincule la financiación autonómica de las situaciones de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, así como que el Gobierno mejore la información sobre el cálculo de las entregas a cuenta.
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