La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha agradecido a los 4.393 abogados y abogadas del turno de oficio de la Comunitat Valenciana su papel «esencial en nuestra democracia».
Para la consellera, estos profesionales «son los garantes de un derecho fundamental y pilar de nuestro Estado de Derecho, el derecho de defensa. Sin tener garantizado este derecho difícilmente podemos decir que son efectivos el resto de derechos».
Gabriela Bravo ha realizado estas declaraciones durante el acto de conmemoración del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de València.
La consellera también ha reconocido la labor de los letrados y letradas a quienes la Conselleria encargó la asistencia jurídica de las 600 personas refugiadas del buque ‘Aquarius’ que llegaron al puerto de València el pasado 17 de junio.
Gabriela Bravo ha destacado tres aspectos en los que la Conselleria ha centrado las actuaciones en materia de justicia gratuita: en primer lugar, un cambio normativo que proporciona cobertura a un nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita; en segundo lugar, en la dignificación de las condiciones económicas y de prestación del servicio de los profesionales; y en tercer lugar, en acercar la justicia gratuita a los ciudadanos.
El actual Decreto 17/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, pone al día el anterior Decreto 29/2001, con una adecuación a la realidad social de los últimos años, caracterizada por un aumento sustancial del número de solicitudes y una mejora en las disfunciones del procedimiento.
En segundo lugar, la dignificación se ha plasmado en un incremento sustancial en el presupuesto destinado a la asistencia jurídica gratuita así como al incremento de los baremos que reciben los profesionales.
La Generalitat, según la consellera «ha hecho un importante esfuerzo económico con un aumento presupuestario de más de un 64% entre el ejercicio 2015 y el ejercicio 2018, en el caso de los colegios de Abogados y de más de un 76% en el caso de los colegios de Procuradores».
El incremento se ha repercutido en las cuantías de las indemnizaciones que perciben los profesionales que prestan dichos servicios de justicia gratuita.
Con la orden de actualización de baremos de 2018, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, los módulos recuperarán los recortes de hasta el 60% de 2011 y además se recuperará el poder adquisitivo actualizado con el IPC desde 2005 (el 20,7%).
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