Visto para sentencia su juicio por presuento desprestigio de las instituciones
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
La activista feminista y presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, ha celebrado este lunes haber situado Andorra «en la agenda feminista global».
Lo ha manifestado a la salida de la Seu de la Justícia, donde se ha celebrado por la mañana el juicio contra ella en que la Fiscalía la acusa de un delito menor de desprestigio de las instituciones andorranas.
Mendoza ha contado con el apoyo de un centenar de personas que la han acompañado tanto fuera como dentro de la sala.
La fiscalía ha sostenido que Mendoza «sobrepasó» los límites de la libertad de expresión en las declaraciones que hizo ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en 2019.
El ministerio público ha remarcado que las afirmaciones de Mendoza en la CEDAW «son falsas y no las ha probado» durante el juicio, por lo que pide para ella una multa de 6.000 euros, 6 meses de inhabilitación para cargo público y 6.000 euros de responsabilidad civil.
La activista ha contestado a parte de las preguntas de la fiscalía y ha asegurado que «nunca» señalaron a ningún profesional de Asuntos Sociales como responsable de una mala praxis.
«Yo no debo probar nada», sino que es cosa del Gobierno porque es quien dispone de datos, ha dicho textualmente.
PROCESO CONTRA EL FEMINISMO
A la salida del juicio, que ha quedado visto para sentencia, Mendoza ha asegurado textualmente que este lunes han ganado, porque ahora se ha sabido dentro y fuera de Andorra que en el Principado no se tienen derechos, según ella.
Así, ha insistido en que el proceso judicial es un proceso «contra el feminismo, contra los derechos de las mujeres, contra las libertades fundamentales y, por supuesto, contra el aborto y el avance en derechos».
Además, ha calificado el juicio de «castigo ejemplarizante» que no ha conseguido, según sus palabras, quitarles la dignidad.
DEROGACIÓN
Este lunes por la tarde han comparecido en rueda de prensa representantes de Amnistía Internacional, del Center for Reproductive Rights y de Women’s Link para pedir cambios en el código penal andorrano.
Piden la «derogación» del artículo 325, sobre delitos contra el prestigio de las instituciones, y revisar los artículos relativos a los delitos por difamación para adaptarlos a la normativa europea.
La representante de Amnistía Internacional, Mònica Costa, ha asegurado que lo que hizo Mendoza está «amparado por el derecho a la libertad de expresión».
Para Costa es «incomprensible» ir a la ONU a compartir información de los derechos humanos y salir con una denuncia del Gobierno, ha remarcado textualmente.
GOBIERNO
Desde el Gobierno de Andorra se ha recordado, en un comunicado, que pusieron en conocimiento de la fiscalía las manifestaciones de Mendoza ante la CEDAW porque «acusó falsamente y sin pruebas» a los funcionarios de los servicios sociales.
En la nota detalla que la presidenta de Stop Violències acusó a los funcionarios de «forzar» a menores embarazadas y sin recursos a tener hijos y darlos en adopción.
También acusó de «retiradas masivas» de menores por cuestiones económicas, de ejercer violencia estructural y de género hacia mujeres hijas de inmigrantes o de incapacitar legalmente a mujeres que habían abortado bajo el pretexto que eran pobres.
El ejecutivo andorrano mantiene que la situación procesal de Mendoza no obedece «en ningún caso» a su militancia, que aseguran que es legítima y admitida en el derecho andorrano.
Tampoco lo vincula a su defensa al derecho al aborto libre de las mujeres en Andorra, cosa «aparada y protegida» por los derechos fundamentales de asociación y a la liberad de expresión.
El Gobierno añade que la acción promovida por la fiscalía no tiene como objetivo «la represalia o la intimidación» de Mendoza, sino defender la integridad y el buen nombre –textualmente– de los trabajadores de los servicios sociales.
Finalmente, recuerda que el Gobierno «ha manifestado y evidenciado» su compromiso con los mecanismos e instrumentos de seguimiento de los derechos humanos tanto en la ONU como en el Consejo de Europa.
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