VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular de Valladolid ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habilite un fondo de compensación para paliar la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado nula la plusvalía municipal, un impuesto con el que dichas entidades en España recaudan al año unos 2.500 millones de euros.
«Este tributo es una de las principales fuentes de financiación de muchos municipios, especialmente de los grandes, pero también afecta a la recaudación en el mundo rural», explica Rodrigo Nieto, portavoz del Partido Popular de Valladolid, quien denuncia que hace tres años los ‘populares’ dejaron una reforma de la plusvalía municipal que estaba ya en trámite de alegaciones y enmiendas en el Senado.
«¿Qué ha hecho durante este tiempo el Gobierno de Pedro Sánchez? Ha hecho que sea imposible que los 225 ayuntamientos de nuestra provincia puedan presentar en tiempo y forma sus presupuestos», critica Nieto quien añade que, «uno de detrás de otro, todos los ayuntamientos de Valladolid, no importa el partido político al que pertenezcan, van a terminar llamando a la puerta de la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, la misma que quiso incautar los ahorros de los ayuntamientos, para pedirle soluciones».
Desde el PP consideran esta sentencia como un golpe a los ingresos de los ayuntamientos, y por eso ya han pedido al Gobierno de coalición que lo compense en los Presupuestos. «Exigimos al Gobierno de España un fondo de compensación por la pérdida de ingresos de los ayuntamientos en 2022, ¿cómo pretenden que paguen el mantenimiento de los servicios públicos?», se cuestiona el portavoz ‘popular’.
También han anunciado que van a pedir inmediatamente la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local, la celebración de una Junta Extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias y la comparecencia de la ministra Montero «para que dé explicaciones sobre por qué hay nuevamente un desaguisado en este Gobierno que se ha visto incapaz de aprobar una normativa que dé seguridad jurídica al conjunto de los ayuntamientos de España de todo signo político».
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