El empresario Luis Antonio Recio asegura que en una de las reuniones sus otros socios utilizaron dicho término
VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)
Luis Antonio Recio, de Cementos La Bureba, mercantil que junto con Urban Proyecta formó parte del accionariado de Parque Empresarial de Portillo (PEP) que promovió un polígono industrial en dicha localidad vallisoletana, ha reconocido hoy que sus socios se propusieron hablar «con el jefe», en alusión al entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, para que éste ‘desatascara’ el proyecto.
El testimonio del empresario y el ofrecido por los también encausados Francisco Esgueva, de Grupo San Cayetano; Luis Ángel Rodríguez Recio y Carlos González Maestro, todos ellos socios en la sociedad Parque Empresarial de Portillo, han puesto fin este viernes en la Audiencia de Valladolid al interrogatorio de la totalidad de las doce personas que figuran encausadas en el denominado juicio de ‘La Perla Negra’.
Los cuatro acusados, que se exponen cada uno a penas de entre seis años de cárcel, según la petición de Fiscalía, y de diez años y medio, como así solicita el PSCyL como acusación popular, no han sido interrogados por las gestiones respecto del Edificio de Soluciones Empresariales (‘La Perla’) en Arroyo de la Encomienda, una de las ‘dos patas’ sobre las que pivota la causa, sino por el proceso de compra de parcelas en Portillo para la promoción de un polígono industrial que no llegó a desarrollarse en su totalidad.
En este sentido, el primero en declarar, el empresario Luis Antonio Recio, ha explicado que constituyó en 2007 La Bureba con el fin de construir una fábrica de cementos en la comarca burgalesa que lleva el nombre de la empresa, proyecto que no llegó a ejecutar, y que hasta marzo de 2010 no mantuvo actividad alguna hasta que en ese año entró en el accionariado de Parque Empresarial de Portillo, coincidiendo con la formalización de un convenio marco entre PEP y ADE Parques para el desarrollo de un polígono industrial en esa localidad vallisoletana.
Asegura que entró primero como accionista–aportó más de dos millones a la sociedad–y luego como contratista y ha precisado que toda la negociación con ADE Parques, durante casi dos años, las llevaron directamente el presidente del Consejo de Administrador de PEP, Luis Ángel Rodríguez, y el administrador y asesor fiscal, Carlos González Maestro.
En su declaración a preguntas de la fiscal del caso, Luis Antonio Recio ha reconocido que tras esa firma del convenio se produjeron ciertas dificultades cuando la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, mostró su reticencia al desarrollo de la iniciativa porque le parecía «una operación considerable y no era el momento oportuno» y ello fue abordado en varias reuniones en el seno de PEP las que, como así ha sostenido, algunos de sus socios, sin especificar la identidad del mismo, llegó a indicar que sería preciso «hablar con el jefe», en referencia al consejero económico, el ya fallecido Tomás Villanueva.
HABLAR CON «EL VIDRIOS»
También ha añadido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que sus socios en la promotora del parque llegaron a indicar que sería preciso hablar con «el vidrios», apelativo utilizado para referirse al principal encausado en este proceso, el secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, circunstancia que no ha sido corroborada más tarde por los aludidos.
Entre ellos, Francisco Esgueva ha puntualizado que su entrada en PEP fue «a título personal», al margen de Grupo San Cayetano, y que su decisión de incorporarse al proyecto de desarrollar un polígono en Portillo fue porque estaba convencido del «potencial», ya que en las inmediaciones se encontraban ya radicadas su empresa y otras importantes como Hibramer o Almacenes Javier.
Recuerda que se pusieron en contacto con Urban Proyecta para buscar financiación y el proyecto se puso en marcha con la adquisición de gran cantidad de parcelas por parte de la citada mercantil, con la particularidad de que tanto Esgueva como el presidente del Consejo de Parque Empresarial y el administrador, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro, respectivamente, han coincidido en que el objetivo inicial era que PEP desarrollara en exclusiva el polígono «vendiendo naves llave en mano».
De hecho, los acusados han coincidido también al señalar que el propulsor inicial de la iniciativa fue en 2004 el entonces alcalde socialista de Portillo, Antonio Sevillano, a raíz de un encuentro con motivo de la inauguración de las instalaciones de San Cayetano, y que fue en 2008 cuando el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, se interesó vivamente por la operación debido a que la Junta trataba de crear suelo industrial para recuperar empleo.
«No habíamos acordado nada previamente con la Junta, es la Junta la que acude a nosotros. Con la nueva situación, en lugar de vender naves llave en mano pasábamos a dedicarnos a la promoción», ha explicado Esgueva, quien reconoce que el tiempo ha demostrado que la venta de parcelas a ADE Parques fue «un grave error».
INCUMPLIMIENTO DE ADE PARQUES
De hecho, el presidente del Consejo de PEP, Luis Ángel Rodríguez, ha añadido que la entrada en escena de la Junta no solo no les supuso beneficio alguno sino todo lo contrario, ya que una de las empresas allí ubicadas, Euronit, aún les adeuda 600.000 euros que la mercantil había aplazado hasta que el terreno estuviera plenamente urbanizado, así como el «millón y pico» que aún les debe ADE Parques pese a que ésta «incumplió los acuerdos de la escritura firmada».
«Encima no demandaron por el tema de una línea eléctrica. Nos deben más de un millón de euros y encima nos demandan, manda narices», ha criticado Luis Ángel Rodríguez, quien ha recordado que contestaron a la demanda con otra de reconvención y ganaron el pleito.
El acusado ha defendido además el proyecto desarrollado en Portillo y ha destacado que el mismo podría ser reactivado en cualquier momento con un coste de no más de tres o cuatro millones de euros, ya que sólo falta marcar las vías y urbanizarlas. «Allí se cuenta ya con gas, agua, electricidad, hay teléfono, datos», ha apostillado Rodríguez.
En una declaración mucho más breve, el que fuera administrador de PEP, también acusado, Carlos González Maestro, ha resumido en pocas frases su participación en la promoción de Portillo. «Yo iba donde me decían y hacía lo que me decían, siempre dentro de la legalidad. Maldito el día en el que aceptó el cargo de administrador en la sociedad», ha lamentado para cerrar su testimonio.
El juicio entra el próximo lunes en la fase de informes de las quince partes personadas en la causa, que iniciará la fiscal del caso y a la que seguirán la representante de la Junta, como acusación particular; el abogado del PSCyL, como acusación popular, y las defensas de los doce acusados.
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