Su ‘intermediario’, de origen rumano, no ha comparecido en la vista de conformidad al encontrarse en rebeldía
VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid ha impuesto este jueves una condena de un año de cárcel al empresario agrícola de Siete Iglesias de Trabancos E.A.G.P. por un delito contra los derechos de los trabajadores al emplear para labores del campo a trabajadores de origen rumano sin darles de alta en la Seguridad Social y con unas condiciones laborales que incumplían el convenio.
El juicio no ha llegado a celebrarse debido a que, tras más de una hora de negociación, el ya condenado ha llegado a un acuerdo con el fiscal del caso para que la pena, inicialmente de cuatro años de cárcel, quedara rebajada a un año de prisión y al pago de una multa de 4.500 euros por delito contra los derechos de los trabajadores–artículo 311 del CP–, con la atenuante de reparación del daño al haber abonado ya 600 euros de indemnización que se repartirán a partes iguales los dos afectados.
La condena ha sido anticipada ‘in voce’ por el presidente de la sala pero la ejecución de la misma ha quedado en suspenso a petición de la defensa y con la aquiescencia del acusador público, siempre y cuando el condenado no vuelva a delinquir en los dos próximos años, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El acuerdo entre las partes incluye la supresión de una serie de extremos del relato de hechos, como los supuestos horarios y los exiguos emolumentos que percibían los afectados, y su sustitución por la ‘coletilla’ genérica de que el empresario imponía a los trabajadores condiciones que «no respetaban en su integridad lo estipulado en el convenio del sector».
El banquillo lo ha ocupado únicamente el citado empresario, no así su supuesto ‘colaborador’ o ‘intermediario’ de origen rumano, N.O.P, quien se encuentra en paradero desconocido y que por tanto ha sido declarado en rebeldía. Será juzgado por los mismos hechos una vez que sea localizado y detenido.
El empresario, con actividad de tratamiento de cebollas y patatas, se dedicó en los meses de octubre a diciembre de 2018 a la captación de personas extranjeras, principalmente de nacionalidad rumana, para realizar trabajos agrícolas tanto en el campo como en la nave que tenía en Siete Iglesias de Trabanco, imponiéndoles unas condiciones que contravenían la normativa laboral, sin contrato y sin estar dados de alta por tanto en la Seguridad Social.
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