SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia Nacional tiene fijado para este martes el comienzo del juicio correspondiente a la pieza principal de la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, una práctica que se habría prolongado durante al menos 15 años en varias provincias.
El escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se dirige contra un total de 28 personas, entre ellos el empresario creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo; su hijo y también empresario José Antonio González Baró; el adjunto a la dirección de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo Gajete; el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye; la administradora de dicha empresa Pilar Baró Álvarez; el técnico de Fitonovo Ramón Perza o el también comercial Jesús Ávila; así como responsables de otras sociedades relacionadas con la ya mencionada.
Según la Fiscalía, la dirección de Fitonovo, «creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos» y, «al mismo tiempo, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos usando medios ilícitos».
La empresa se habría servido supuestamente del «pago de comisiones en forma de entregas de efectivo o regalos a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no realizados».
Según detalla la Fiscalía, en las contrataciones restringidas, para las cuales se requiere al menos tres ofertas, «se establecía en connivencia con el funcionario una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en realidad actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa».
«INFORMACIÓN PRIVILEGIADA»
En los concursos públicos, Fitonovo habría obtenido «información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas», una información procedente de los funcionarios «en nómina» de Fitonovo.
«En otros casos, se llegaba a acuerdos para repartirse la contratación pública con empresas competidoras, llegando a acuerdos sobre las ofertas a presentar, los contratos de los que resultaría adjudicataria cada una o la subcontratación de los trabajos una vez adjudicados», agrega la Fiscalía, que aprecia «fraude en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitnovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos trabajo del contratado».
«Dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, la empresa constituyó una caja B con la que pagar las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos que se le hacían a estos», especifica el escrito de acusación del Ministerio Público, precisando que dicha «caja B» era alimentada «mediante facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras» de Fitonovo.
AL MENOS 15 AÑOS Y EN VARIAS PROVINCIAS
«La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias», determina el escrito de acusación.
Así, la Fiscalía atisba un presunto delito de grupo criminal, 16 supuestos delitos continuados de falsificación de documento mercantil, un delito de blanqueo de capitales, siete delitos continuados de cohecho y dos delitos continuados de cohecho activo cometido por un particular, solicitando para Rafael González Palomo; su hijo José Antonio González Baró; Ángel Manuel Macedo Gajete y Juan Andrés Brugueras Foye un total de 19 años y medio de prisión como principales acusados, entre otras penas.
LOS TESTIGOS
Fruto de la petición de la defensa de González Palomo, meses atrás fue admitido que declaren como testigos en la causa diversos acusados en otras piezas de la macrocausa, como es el caso de los exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (otrora primer teniente de alcalde) y José Manuel García, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño y funcionarios municipales de Sevilla como el exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines Francisco Amores.
También fue aceptado que testifiquen el exalcalde popular de Sevilla y exministro de Interior Juan Ignacio Zoido y quien fuera su concejal de Economía, Gregorio Serrano, ninguno de ellos investigado en ninguna pieza; por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo y las gestiones encaminadas a construir un parque infantil en dependencias de la III Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto, efectuadas por Fitonovo «por petición» de Gregorio Serrano, según la defensa de González Palomo.
La vista oral, en cualquier caso, consta de 23 sesiones que comienzan este lunes y finalizan el día 2 de junio de este año, según figura en una providencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.
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