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La plantilla de los centros de discapacidad de la provincia exige una mejor financiación tras la pandemia

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SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El personal de los centros que atienden a las personas con discapacidad en la provincia de Sevilla han realizado este jueves una concentración de protesta por la «grave situación» que atraviesan ante la «deficitaria financiación» que padecen, lo que «pone en riesgo su futuro ante la imposibilidad de sostener sus gastos de funcionamiento», afectando al empleo de 1.400 personas en toda Andalucía.

Los profesionales de estos centros y los representantes de las entidades que los gestionan han secundado esta protesta en cada una de las sedes para reclamar al Gobierno de la Junta de Andalucía una mejora de la financiación que reciben, tras la «insuficiente subida» del 2,6% del coste por plaza acordada para este año, ha informado el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía) en una nota de prensa.

Las entidades que gestionan estos centros han considerado que este incremento «no cubre ni de lejos» los gastos que soportan, una situación que les «condena» al cierre ante la «imposibilidad» de poder mantener la prestación de los servicios, y han denunciado que la «deficitaria situación actual se arrastra ya desde hace una década», a lo que se ha sumado el «impacto durísimo de la pandemia», que ha supuesto un «esfuerzo económico suplementario» a las entidades para sufragar los gastos extraordinarios provocados por la crisis del Covid.

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A todo ello, se añade también la «desorbitada subida de los suministros», como la electricidad y el gas en los últimos meses, con aumentos de hasta el 40%, o el incremento del salario de los profesionales que trabajan en estos centros por el cumplimiento de los respectivos convenios, con un nuevo aumento a primeros de año que tendrán que afrontar «sin recursos para ello».

La situación que viven estos centros es «límite» y, por ello, han exigido a la Junta, en la negociación que ésta mantiene abierta con sus representantes, un «compromiso urgente y con perspectiva» para cerrar un acuerdo que garantice la sostenibilidad financiera y la supervivencia de estos centros a medio y largo plazo.


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