MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)
El grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga insta en una moción a que el pleno municipal muestre su rechazo a la reforma de la Ley 7/1985 introducida por el Gobierno en la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que supone el desmantelamiento del cuerpo de funcionarios locales con habilitación de carácter nacional y la transferencia al País Vasco de competencias que deben seguir residiendo en el Estado.
En la moción señalan que según La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece en su artículo 92 bis que «son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, la de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, y la relativa al control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación».
Igualmente, indican que la LRBRL establece en dicho artículo que corresponde al Estado la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de dichos funcionarios y que el ámbito territorial de los concursos, que será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo en este caso, tendrá carácter estatal.
Al respecto, los populares indican que «los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional son los secretarios, interventores y tesoreros municipales; empleados públicos cuya selección vía oposición realiza el ministerio y cuyo trabajo discurre en los ayuntamientos y diputaciones, como salvaguardas del cumplimiento de la legalidad».
«La función que tienen encomendada es vital para garantizar, por tanto, el funcionamiento democrático, legal y alejado de la corrupción, de las corporaciones locales de nuestro país», han señalado.
Recientemente, han indicado, «hemos conocido que el Gobierno central ha quebrado el carácter estatal y el funcionamiento de esta escala de funcionarios cuya misión, podría decirse, es la de auditar el trabajo de la administración local». «Y lo ha hecho, una vez más, como moneda de cambio; en este caso, la reforma planteada obedece a una petición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la contrapartida es el apoyo de dicha formación a los Presupuestos Generales del Estado», han apuntado.
Al respecto, han señalado que «es precisamente en los PGE en los que se incluye (en la disposición final primera) una modificación de la Ley 7/1985 anteriormente referida para que en el ámbito del País Vasco sea la administración autonómica y no la estatal la encargada de la selección, oferta de empleo público y provisión de plazas de estos funcionarios».
«Es decir, la reforma acometida por el Gobierno viene a desmembrar o ‘trocear’ un cuerpo hasta ahora nacional y conlleva que, en el ámbito del País Vasco, será el Gobierno autonómico –y no el central– el que tenga la potestad de seleccionar y organizar a quienes se encargan del asesoramiento legal y el control económico de sus entidades locales», han manifestado.
En este sentido, la moción del PP considera que «la modificación conlleva la asunción solo para el ámbito territorial del País Vasco de prácticamente todas las competencias que hasta ahora recaían sobre el Estado salvo las de la facultad disciplinaria de incoación y sanción de faltas muy graves», apuntando que la medida «ha sido criticada tanto por el fondo por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), como por las formas», instando a la supresión.
Por todo ello, el PP propone al pleno, además del rechazo, que el Ayuntamiento de Málaga haga suyas las reivindicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local «y solicita al Gobierno que dé marcha atrás en lo que respecta a la disposición final de los PGE», además de que el Consistorio dará traslado de acuerdo plenario a Cosital y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
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