HUELVA, 9 (EUROPA PRESS)
La central sindical CSIF ha dado a conocer los datos del pasado año sobre la situación de los funcionarios en las prisiones españolas, en cuanto al número de agresiones registradas hacia ellos por parte de la población reclusa, en los que se analiza la provincia de Huelva. Así, el sindicato ha señalado que según el Ministerio de Interior, en 2023, en el centro penitenciario de La Ribera (Huelva) se produjeron 19 agresiones a funcionarios, de las cuales diez fueron de carácter leve y nueve agresiones sin lesiones.
En una nota, CSIF ha lamentado que los trabajadores de prisiones en la cárceles Españolas «sufren una agresión cada 17 horas, 508 en el año 2023». En este sentido, ha apuntado que «se ha producido un aumento del 12% con respecto a las agresiones del año 2022 en todo el territorio nacional».
Para el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF Huelva, las cifras oficiales son «inasumibles en un estado de derecho» y «deberían hacer recapacitar a la Administración, aumentando el personal y tomando una serie de medidas que llevamos años reivindicando». Además, a juicio de CSIF, son cifras que «están maquilladas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, pues no se recogen las agresiones verbales, la coacciones o las amenazas, y tampoco los escupitajos o tocamientos, ya que no están contempladas en el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones».
«Si se tuvieran en cuenta estos episodios, la cifra sería más escandalosa», han dicho desde el sindicado desde donde también ha reclamado que «se actualice dicho protocolo, que, a día de hoy enmascara y distorsiona la lacra de las agresiones a funcionarios en las prisiones».
CISF ha explicado que «hace aproximadamente dos años, se llevó a cabo una extensa remodelación en el centro penitenciario de Huelva», con un enfoque «primordial» en mejoras de seguridad. Este proceso incluyó la instalación de cámaras de última generación destinadas a salvaguardar tanto a los trabajadores penitenciarios como a los internos.
Sin embargo, representantes sindicales han indicado que «a pesar de estas medidas, parece que la puesta en marcha de las cámaras no ha tenido el impacto esperado en la reducción de incidentes y agresiones dentro de la institución», así como apuntan que «algunos trabajadores sostienen que estas cámaras simplemente han aumentado la vigilancia sobre ellos, sin contribuir efectivamente a la disminución de los problemas de seguridad».
Además, las críticas se centran en la gestión de los incidentes, donde se señala que «personas con escasa experiencia en el ámbito penitenciario son responsables de evaluar las acciones tomadas durante estos sucesos, a menudo desde una posición desconectada de la realidad dentro de la prisión».
Así, el sindicato indica que «se plantea una preocupación adicional» respecto a «la limitación en la investigación de las causas de las agresiones», ya que «el servicio de prevención de riesgos laborales no tiene acceso para indagar en estos incidentes, dejando esta responsabilidad exclusivamente en manos de los subdirectores de Seguridad».
«Los incidentes en el centro penitenciario incluyen la entrada clandestina de drogas, el uso inapropiado de medicamentos y la falta de adherencia a los tratamientos médicos, así como los problemas de salud mental entre la población reclusa», dice el CSIF que añade que una crítica «importante» se dirige hacia las políticas administrativas «buenistas» que «favorecen una clasificación laxa de los internos, con el propósito de reducir el número de reclusos en el nivel de tratamiento más restrictivo, conocido como primer grado, generando tensiones dentro del centro penitenciario».
AGRESIONES EN SEMANA SANTA
De otro lado, CSIF ha señalado que durante Semana Santa, el centro de Huelva «experimentó una serie de incidentes desencadenados por el proceso de distribución de medicamentos para un periodo de cinco días». La Central Sindical espera que la Administración penitenciaria «corrija esta situación y cuide de su personal, pues nadie, en su puesto de trabajo, debe correr riesgos hacia su integridad por falta de medios».
Por último, CSIF ha lamentado que el pasado 2 de abril, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, llevó a cabo una visita a diversas instalaciones del Centro Penitenciario en la que «la Dirección del centro decidió no involucrar a los representantes de los trabajadores, privándoles así de la oportunidad de proporcionar una perspectiva más completa sobre las diversas problemáticas que tienen y que obstaculizan su labor diaria».
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